El Congreso del Estado aprobó este martes un paquete de reformas en materia civil y penal en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principalmente en lo relativo a la patria potestad, el cumplimiento de la obligación alimentaria a fin de garantizar la dignidad de las personas.
La presidente de la Comisión de Justicia, Georgina Bujanda, precisó la exposición de motivos por los cuales aprobaron dicho dictamen en el que conjuntaron diferentes iniciativas promovidas por todas las fuerzas parlamentarias en diversos momentos.
Respecto a la adecuación al Código Civil, se quedó establecido que, los derechos derivados de la patria potestad se perderán “cuando las costumbres depravadas de quienes ejercen la patria potestad, maltrato infantil, exposición o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, seguridad o la integridad de niñas, niños y adolescentes sobre las que se ejerce, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley Penal”.
Igualmente se incorpora un párrafo en el que se especifica que la pérdida de la patria potestad procederá cuando la medida resulte necesaria, idónea y razonable a fin de brindar una protección más amplia ateniendo en todo momento el interés superior de la niñez.
Se le retirará también la patria potestad a aquellos a quienes se les haya impuesto una condena ejecutoria por el delito de feminicidio en cualquier grado en contra de la madre de sus hijos.
En el Código Penal del Estado se optó por modificar la condena mínima que se ejecuta como reparación del daño a quienes incumplan con su obligación de dar alimentos a sus descendientes. De esa forma, se impondrá mínimo un año de prisión, siendo el máximo cuatro, además de una multa de cincuenta a cuatrocientos días.
Con este dictamen se desahogan un total de siete asuntos que se tenían en el poder legislativo, los cuales tres fueron presentados por la priista Georgina Zapata Lucero, tres del Grupo Parlamentario de Morena, y uno de la bancada del Partido Acción Nacional.