El legislador manifestó que el 75 por ciento del presupuesto del Estado es para cuestiones de operación y administración, por lo que el tema de la seguridad y la aportación a la Guardia Nacional no puede salir de las arcas estatales y tendrá que ser la federación la que lo asuma.
Comentó que independientemente lo que marque el ordenamiento jurídico, será la federación quien termine por resolver la situación financiera del nuevo cuerpo policíaco, pues ni los estados ni los municipios pueden absorber un gasto para la operación de la Guardia.
Precisó que en el caso de los municipios, estos cuentan con una carga muy fuerte en el tema operativo y administrativo, por lo que les queda muy poco recurso para la obra pública y no podrán absorber una parte de lo que implicaría el funcionamiento de la guardia nacional.