Durante el juicio oral, la agente del Ministerio Público presentó pruebas contundentes que demostraron que Jaime S. S., entre junio de 2015 y julio de 2018, se hizo pasar por contador público.
Utilizando esta falsa identidad, transfirió un millón 283 mil 677 pesos desde la cuenta de la víctima a su propia cuenta.
Además, al no ser un contador certificado como alegaba, causó un perjuicio adicional a la víctima debido a cargos y multas impuestas por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT). Estas multas, derivadas de la incorrecta gestión tributaria, ascendieron a 3 millones 182 mil 882 pesos.
En total, el detrimento patrimonial para la víctima fue de aproximadamente cuatro millones y medio de pesos.
La Fiscalía destacó la importancia de esta sentencia como un precedente en la lucha contra los delitos patrimoniales y la usurpación de profesiones. Asimismo, reiteró su compromiso de proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia en casos de fraude y robo.