Terrazas destacó la falta de acciones concretas de justicia a más de 240 días del incidente, donde criticó duramente la estrategia gubernamental que, según sus palabras, «parecen más enfocadas en sofocar las demandas que en buscar una solución genuina y justa». Además, señaló la criminalización injusta de migrantes y agentes, a quienes se les utiliza como «chivos expiatorios», mientras los verdaderos responsables evaden las consecuencias.
La diputada también hizo énfasis en la falta de transparencia y corrupción dentro del Instituto, así como en la creación de un entorno hostil y violento para los migrantes debido a la militarización. Citó el caso de Juan Carlos Meza Cumplido, cuya fianza desproporcionada ejemplifica los obstáculos en el acceso a la justicia y la desigualdad en el sistema penal.
Finalmente, concluyó con un llamado a la acción: «Es imperativo que se tomen medidas inmediatas. No podemos permitir que funcionarios negligentes continúen en sus puestos mientras ignoran sus deberes fundamentales. Exigimos justicia y responsabilidad». Esta declaración resuena como un llamado urgente a la rendición de cuentas y al respeto por los derechos humanos en un contexto migratorio cada vez más desafiante.