Al realizarse la audiencia número 19 del juicio oral 16/23 por el delito de secuestro ocurrido en mayo de 2020 en Valle de Zaragoza, atribuido por las autoridades investigadoras a “El Bryan”, los abogados defensores aportaron evidencia documental sobre la propiedad y posesión del vehículo del testigo principal en la causa contra el imputado.
T.J había declarado, en audiencias anteriores, que “El Bryan” y un grupo de hombres armados a su mando, habían tratado de levantarlo dos días antes del secuestro; además, había señalado a dicho grupo como responsable de varios hurtos, extorsiones, amenazas y homicidios.
Específicamente, T.J había mencionado el robo de una camioneta de su propiedad, ganado, cosecha de nuez, maquinaria agrícola y otros posibles delitos, en el marco de la acusación por el secuestro de su sobrino, Israel T., que es lo único imputado formalmente a “El Bryan”.
Sin embargo, los abogados defensores ayer dieron a conocer el oficio RRA-264/2022, de fecha 27 de julio de 2022, signado por Jesús Mendoza Mariñelarena, de la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda, y dirigido a Andrea Villanueva Sinecio, agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado.
En dicha comunicación, el funcionario hacendario daba respuesta a una petición de información del MP para que le proporcionara todos los datos oficiales una camioneta Ford F350 con placas ED38370, como identificación del vehículo y su propietario.
La respuesta fue que pertenecía a la persona identificada como T.J y que no había registrado cambios de propietario desde el año 2016, además de que estaba al corriente en el pago de placas y derechos vehiculares en los años posteriores.
Posteriormente, los defensores mostraron otra prueba documental, los datos del automotor en el Registro Público Vehicular (Repuve), obtenidos mediante consulta abierta en la plataforma de dicha instancia gubernamental que tiene la base de datos de las unidades que circulan en territorio nacional.
Según lo expuesto por la defensa, en esa plataforma electrónica actual y vigente, la misma unidad de T.J aparece con las placas, modelo y características que las reportadas por Recaudación de Rentas, además de que no aparece con reporte de robo en todas las demás plataformas ligadas al Repuve, como son las de las fiscalías estatales e incluso agencias de seguridad de Estados Unidos.
Las dos evidencias documentales –el oficio entre funcionarios estatales y la consulta impresa del registro vehicular- fue lo único que desahogó la defensa en la audiencia de ayer, para luego solicitar una disculpa al Tribunal de Enjuiciamiento por haber tenido contratiempos para lograr otra prueba que pretendía mostrar ayer mismo.
La diligencia se desarrolló sin objeciones del Ministerio Público y concluyó en alrededor de media hora, tras convocar a la vigésima audiencia este día por la mañana.
EVIDENCIAS PARA DESACREDITAR AL TESTIGO PROTEGIDO
El testigo protegido T.J que presentó la Fiscalía en audiencias pasadas, había declarado desde alguna ciudad fuera de México, a donde se fue, afirmó, por temor al grupo criminal que operaba en su tierra de origen, Valle de Zaragoza, presuntamente encabezado por “El Bryan”.
La evidencia presentada por la defensa durante los días lunes, martes y miércoles pasados, ha estado orientada a desacreditar su narración y respuestas que dio a los interrogatorios del MP y los defensores.
La defensa ha desahogado pruebas documentales sobre reportes de la corporación policiaca de ese municipio, el plano catastral de la casa de T.J y su vehículo, sin inferir explícitamente contradicciones del testigo.
Las siguientes audiencias programadas, los defensores podrán continuar con la aportación de evidencias documentales y testimoniales, antes de que el Tribunal de Enjuiciamiento, conformado por los jueces Omar Meléndez, Diana Peña y Manuel Quintana, emitan una resolución.
José Bryan S.Z fue detenido en febrero de 2022 en Culiacán, Sinaloa, e internado en el Cereso de Aquiles Serdán por la acusación de secuestro con penalidad agravada; en octubre de ese año fue trasladado al Cefereso del Altiplano, por estar catalogado como reo de alta de peligrosidad.
En octubre de este año fue de nueva cuenta traído al penal estatal para enfrentar de manera presencial el juicio por el delito que se le imputa, pero tras las primeras audiencias realizadas aquí, fue llevado de nueva cuenta al Cefereso por decisión de la autoridad penitenciaria, previa solicitud al tribunal que lo enjuicia, por lo que desde allá es conectado por plataforma electrónica para que asista a su proceso