Grupo REFORMA publicó el pasado 4 de marzo que durante el seminario organizado por el Conacyt bajo el título «Libros de Texto Gratuitos. Avances y retos de una nueva política», moderado por el chavista Sady Arturo Loaiza, el funcionario Marx Arriaga advirtió que los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales.
En tanto que Loaiza, actual director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP, que antes de llegar a México colaboró para el régimen de Nicolás Maduro y ha declarado abiertamente su militancia chavista, señaló que la industria editorial en México no pelea por la ciudadanía o la educación; pelea por un botín millonario.
En ese mismo momento, como participante en dicho seminario, la investigadora Lorenza Villa Lever del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM calificó lo expuesto por Marx Arriaga -quien se ha caracterizado por visiones polémicas-, como un retroceso. «Decir que hay libros ilegales es casi llevarnos a la inquisición», opinó.
Voces de alerta
Expertos en el ramo educativo alzaron la voz en contra de esta postura, al considerarla un disparate movido por una ideología autoritaria. Coincidieron que tanto en la cobertura educativa como en la producción de libros de texto, la iniciativa privada complementa lo que el Gobierno no puede satisfacer plenamente.
Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, alertó sobre riesgos, carencias y futuros problemas esta postura que calificó como autoritaria, prospera. Recordó que los libros de editoriales privadas han fungido como complemento y una herramienta adicional hacia la calidad educativa.
«Los libros privados, en el caso de secundaria, han sido fundamentales por esto, porque no hay libros del Estado públicos, a menos que hablemos de los de telesecundaria, pero también en el caso de los libros de primaria privados, pues han servido de complemento», indicó.
Marco Fernández, del Tec de Monterrey y de México Evalúa, recordó que la educación privada está reconocida como un derecho en la ley.
«En un país de creciente polarización, hay quienes el prejuicio, el resentimiento y la mentira los lleva a descalificar la posibilidad de la colaboración entre la autoridad y el sector privado, y en educación no es la excepción», opinó.
El politólogo Jorge Javier Romero señaló que la idea del Gobierno mexicano de cancelar la educación privada atentaría contra la libertad de pensamiento y la pluralidad.
«Sería la imposición del pensamiento único y un adoctrinamiento para los niños y jóvenes», advirtió.
July Mendoza, vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) recalcó que tanto en escuelas públicas como en privadas, los docentes y alumnos echan mano de materiales educativos adicionales a los que entrega el Gobierno, para repasar temas, abundar en ellos, para aprender otro idioma o reforzar sus conocimientos con ejercicios, por lo que retirarlos de tajo e incluso prohibirlos, es una idea que ha causado preocupación entre los tutores.
Pidió a la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya a pronunciarse al respecto y revertir lo que dijo su subalterno, al advertir riesgos con esta determinación.
«Realmente estamos con muchísima preocupación. Yo creo que se añade un punto más a la gravedad que se ha estado presentando ya en el tan polémico diseño de los nuevos libros de texto, a la cabeza del director (de Materiales Educativos de la SEP) Marx Arriaga», expuso.
Francisco Landero, presidente de la organización Suma por la Educación, calificó lo anunciado por Arriaga como un disparate y apuntó que la comunidad educativa se encuentra en una gran incertidumbre sobre cómo se defenderá la calidad y aprendizaje en las aulas. Sostuvo que con ello, el Gobierno está incurriendo en acciones ilegales.
«Es un tema, una polémica o una ocurrencia que no suma al mejoramiento de la calidad educativa. Eso no le sirve ni a los niños, niñas, ni a los estudiantes de este país. Esta idea, ocurrencia, propuesta, como se quiera llamar va en contra de varios de derechos, en primer lugar el derecho a una educación de excelencia como está en la Ley General de Educación, porque los niños tienen menos materiales de donde escoger, seleccionar o utilizar al existir solo un monopolio y un libro único», señaló.