Estas tres empresas –de 21 en total– han afectado territorio en Jiménez, Urique, Chihuahua, Juárez, Guerrero y Camargo y concentran 10 de los 30 incidentes que desde 2008 no han sido atendidos por los responsables.
Han sido señaladas en su mayoría (el 75 por ciento) como “emergencia ambiental”, que de acuerdo con el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se refiere a la contaminación de un sitio derivada de un evento indeseado y que trajo como resultado la liberación no controlada de materiales peligrosos que afectan la salud humana o el medio ambiente de manera inmediata.
Las otras seis eventualidades se marcaron como pasivos ambientales, que ocurren con la liberación de materiales peligrosos que no fueron remediados a tiempo y por lo tanto se han seguido dispersando los contaminantes.
Han sido 16 años de derrames y fugas, de los cuales 30 no se han remediado, y 19 de esos han ocurrido sólo entre 2018 y 2023 (último año con información) sin que se haya registrado alguna medida correctiva para evitar que la población esté en riesgo.
Las demás empresas que no han “remediado” estos daños ambientales y que pueden afectar la salud pública son Asesoría, Montaje y Mantenimiento Mecánico, Abastecedora de Combustibles, el ciudadano Henrick D. F., Setramex, Auto Pronto, Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, Trans Energéticos, Arrendadora de Centros Comerciales, las transportadoras Gudelio Gutiérrez, Arios, Integral de Carga, Ibarrola Elías, Carretera, Aton y Salma, Centauro del Norte Autotransporte, Porteadora Carbel y hasta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado.
Esta última registró en 2016 un incidente pasivo ambiental, en el municipio de Chihuahua, en la Reserva Ávalos, ubicada en la zona sureste de Chihuahua sobre la carretera federal No. 45 México-Ciudad Juárez, donde se realizaba minería de plomo y zinc, fueron derramados o fugados bifenilos policlorados, hidrocarburos, metales y metaloides.
Entre los 67 municipios de Chihuahua, sólo 12 concentran la incidencia de estos derrames y fugas, con Jiménez a la cabeza, con siete casos, seguido de Chihuahua con cinco, al igual que Guerrero, y Janos con tres.
En el estado se han derramado o fugado principalmente hidrocarburos, particularmente petrolíferos, aunque también de otros tiempos, y habido algunos (los menos) casos de ácidos derramados, otros contaminantes no normados, pero también un caso en que la empresa Transportadora Gudelio Gutiérrez no informó en qué consistió el derrame que reportó en la carretera federal 16 en el kilómetro 200, en 2020.Un 56.66 por ciento de los casos (17) han sido causados por empresas de autotransporte foráneo de materiales y residuos peligros. Es decir, quienes dicen saber cómo manejar estos materiales son quienes más fallan no sólo en ese trabajo sino en remediar lo ocurrido.
Otros cuatro fueron de transporte por ferrocarril, y tres más por empresas de refinación de petróleo (Pemex) y dos de comercio al por menor de gasolina y diésel.
En sumatoria, según los datos de la Profepa, en 16 años se ha afectado un área de 3 millones 297 mil 679.91 metros cuadrados y 933 mil 653.88 metros cúbicos con derrames y fugas en todo el estado, particularmente en carreteras, que es un poco más de 19 veces lo que mide el terreno que ocupa el Centro Comercial Las Misiones en área, y se llenaría cerca de la mitad del Estadio Azteca con los metros cúbicos de suelo contaminado.