El Embajador adjunto de EU, Robert Wood, señaló al consejo de Seguridad de la ONU que «Haití debe abordar sus continuos desafíos de inseguridad», y alentó a la comunidad internacional a apoyar sus esfuerzos.
El Embajador de Canadá ante la ONU, Robert Rae, dijo que el mundo debe aprender de todas las intervenciones militares anteriores en Haití, que no lograron brindar estabilidad a largo plazo al país, y garantizar que en el futuro las soluciones «deben ser dirigidas por haitianos e instituciones haitianas».
El Primer Ministro haitiano, Ariel Henry, y el Consejo de Ministros del país enviaron un llamamiento urgente el 7 de octubre pidiendo «el despliegue inmediato de una Fuerza Armada especializada, en cantidad suficiente» para detener la crisis causada en parte por las «acciones criminales de las bandas armadas».
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, emitió el llamamiento, pero más de tres meses después, ningún país ha dado un paso al frente.
Helen La Lime, enviada especial de la ONU para Haití, reiteró el llamamiento del Secretario General y le dijo al consejo que «la violencia relacionada con las pandillas ha alcanzado niveles no vistos en años».
Los asesinatos y secuestros aumentaron por cuarto año consecutivo en 2022, afirmó, señalando mil 359 secuestros, más del doble que en 2021 y con un promedio de aproximadamente cuatro por día,
Los asesinatos aumentaron en un tercio a 2 mil 183, afectando a todos los segmentos de la sociedad, incluido un ex candidato presidencial y director de la Academia Nacional de Policía.
El enviado de la ONU señaló dos acontecimientos clave: la adopción unánime por parte del Consejo de Seguridad en octubre de una resolución que impone sanciones a individuos y grupos que amenazan la paz y la estabilidad en el país, comenzando por un poderoso líder de una pandilla, y la firma el 21 de diciembre por una amplia gama de funcionarios políticos, civiles, religiosos, sindicales y del sector privado de un «Acuerdo de Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes».
El acuerdo establece un calendario para instalar un Gobierno electo para febrero de 2024 e incluye pasos inmediatos para promover reformas fiscales y aumentar los ingresos del estado. Se ha nombrado un Alto Consejo de Transición que trabajará con el gobierno para hacer las nominaciones al tribunal supremo del país.
La lime dijo que el acuerdo, cuyos adherentes crecen cada día, es «la señal más prometedora que ha surgido de los esfuerzos de diálogo hasta ahora». Con las sanciones de la ONU, «ofrece un camino claro hacia la restauración de la democracia y la legitimidad», dijo.