En tanto, 10 de los elementos de la GN -tres acusados de homicidio calificado y todos imputados por el delito de alteración de evidencias- permanecen recluidos en el penal de Aquiles Serdán, aislados de la población general; mientras uno sigue retenido en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa, sin que hasta la fecha se haya solicitado su traslado a Chihuahua, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público Federal.
Los agentes de la Guardia Nacional acusados del asesinato de Luis Fernando Maldonado Barrón y Mauro Miguel Rocha Saucedo, fueron detenidos entre el martes de la semana pasada y la madrugada del miércoles, por lo que ese día el Ministerio Público Federal los presentó ante el juez de control penal federal en Chihuahua, Vladimir Véjar Gómez, para la audiencia inicial.
Los elementos fueron ubicados en diferentes partes del estado y del país, aun en funciones en la GN, y la mayoría trasladados al penal de Aquiles Serdán. Solo uno fue recluido en prisión militar.
En la audiencia ante el juez federal, la Fiscalía General del Estado les formuló la imputación a tres de ellos, Miguel Ángel V. R., Limber Alejandro C.T y Alfredo H. M., por homicidio calificado; por la primera evidencia presentada por el Ministerio Público de la Federación, el juez determinó dictarles la prisión preventiva oficiosa.
A los otros ocho involucrados, identificados únicamente como Ernesto Rodolfo, Adrián Israel, Raymundo Aurelio, Ñeris, Irving, Wilfrido, José Daniel y Alexander Agustín; así como a los tres primeros, les formuló la acusación de delitos contra la administración de justicia, por la presunta alteración de evidencia en la escena del crimen. A ellos, el juez les dictó la medida de prisión preventiva de forma justificada.
La acusación fue sustentada por el MPF dado que, presumiblemente, son los que dispararon y alteraron la escena del asesinato de los jóvenes Luis Fernando y Mauro Miguel, a quienes perseguían en la carretera Torreón-jiménez al mediodía del primero de enero de 2023.
Al solicitar la defensa de los agentes la duplicidad del término constitucional, la audiencia de vinculación o no a proceso fue programada para mañana lunes en los juzgados del Poder Judicial Federal, a donde deberán ser llevados los imputados o comparecer por medios electrínicos ante el juzgador.
El pasado viernes, el abogado representante de los familiares de las víctimas, Amín Corral Shaar, había denunciado el bloqueo del expediente del caso por parte de la FGR y la justicia federal, pero además había asentado que los afectados no esperan otra decisión diferente a la vinculación a proceso y la permanencia de las medidas cautelares dictadas (prisión preventiva), en lo que terminan de realizarse las investigaciones y los elementos son sometidos a juicio oral.