A nombre del Estado mexicano, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó la disculpa por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza, por el que fueron privados de la vida los jóvenes.
Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios.
Por mi conducto el Estado hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño, así como implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”, indicó Sánchez Cordero.
Durante su intervención, la secretaria de Gobernación afirmó por el caso ocurrido hace nueve años en la ciudad de Monterrey, existen las evidencias necesarias para demostrar “el uso de la fuerza arbitraria del Ejército Mexicano en perjuicio de los jóvenes” y que los hechos se derivaron de un enfrentamiento en la vía pública con integrantes de la delincuencia organizada.
La violación al derecho a la justicia y la verdad, en perjuicio de los padres de las víctimas y su revictimización es una situación que constituye una grave falta por parte de los funcionarios públicos, responsables de la protección de los derechos humanos”, agregó la funcionaria.
Por último, Sánchez Cordero dijo que, en esta nueva etapa de México, la protección de los derechos humanos es una prioridad para la política interior y exterior, y que se debe hacer efectiva “la reparación del daño a las víctimas y hacer posible que no se repitan estos lamentables hechos”.
Hago un sincero reconocimiento a los padres de Jorge Antonio y Javier Francisco, por haber dado esta lucha constante para reivindicar la memoria de sus hijos», concluyó.
CINCO AÑOS SIN SABER LA VERDAD
En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que aludía a las irregularidades del caso.
Pero no fue hasta septiembre de 2015, según relató la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, que los padres se dieron cuenta de que la muerte de sus hijos no había sido el daño colateral de una confusión.
Nos dimos cuenta de que no fue error, no fue fuego cruzado, los habían ejecutado a sangre fría y no conformes con eso los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y de forma aún más infame declararon que eran sicarios», expuso la madre.
Hasta el momento, son seis militares los identificados por la justicia como involucrados. Tres de ellos fueron detenidos y están procesados como presuntos homicidas, dos están prófugos y el restante se encuentra en calidad de desaparecido.
La madre manifestó la intención de que a este reconocimiento de responsabilidad del Estado le siga el cumplimiento de la justicia y el castigo pertinente a los responsables.
Este caso se suma a otras disculpas que la nueva Administración federal ha emitido desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, asumiera el poder el pasado 1 de diciembre de 2018.