La Secretaría de Defensa de México dijo en un comunicado el miércoles que los oficiales estaban haciendo “reconocimiento terrestre” en el estado de Chiapas cuando vieron una camioneta que viajaba rápido, y que el conductor de la camioneta trató de evadir a los soldados. Detrás de la camioneta había dos vehículos que, según los militares, eran similares a los que utilizan los grupos de delincuencia organizada en la región: camionetas de redilas, pequeñas plataformas con vallas en la zona de carga.
Según la Secretaría de Defensa, los agentes podrían haber confundido a los inmigrantes con miembros de un cártel.
El ejército dijo que los agentes “oyeron explosiones”, por lo que dos de ellos abrieron fuego y detuvieron una de las camionetas. En ella viajaba un grupo de 33 inmigrantes de todo el mundo. Cuatro personas murieron en el lugar de los hechos y dos en un hospital, dijeron las autoridades. Otras 10 resultaron heridas. El resto fueron entregados a funcionarios de inmigración mexicanos.
Los militares no dijeron si los migrantes iban armados.
Las autoridades no revelaron de inmediato la identidad de las víctimas. Un colectivo de grupos de defensa de los derechos de los migrantes dijo en un comunicado que entre los muertos había cuatro hombres, una mujer y una niña. Los migrantes atacados, añadió el comunicado, procedían de Nepal, India, Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Cuba.
“Estos hechos no son accidentales ni aislados”, dijo el colectivo. “Son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección”.
La ruta por Chiapas, fronteriza con Guatemala y en la que se ha registrado un aumento de la violencia por los enfrentamientos entre grupos criminales, es muy frecuentada por los migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Entre enero y julio, las autoridades mexicanas detuvieron a 285.157 migrantes en el estado, solo superado por el estado vecino de Tabasco. Cada vez son más los migrantes procedentes de Asia y África que viajan a Centroamérica y Sudamérica para dirigirse al norte.
Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de investigación y defensa, dijo que debido a la saturación del sistema de asilo de Estados Unidos, los migrantes encuentran otras formas, como pagar a contrabandistas o grupos criminales para que los trasladen, y se enfrentan a la extorsión, la violencia, el secuestro y otros peligros en el camino.
Dijo que estos patrones “se han agravado en los últimos años, en gran parte debido a las políticas fronterizas de EE. UU. que hacen un cuello de botella y atrapan a los migrantes en México y los hacen más vulnerables a la violencia mientras están aquí”.
Los asesinatos en Chiapas se produjeron horas después de que la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomara posesión de su cargo.
Durante un discurso en una plaza abarrotada de la Ciudad de México, Sheinbaum rechazó las afirmaciones de los críticos que señalan el aumento de la militarización en México, una medida que su mentor y predecesor, Andrés Manuel López Obrador, impulsó durante su gobierno.
“En nuestro país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos”, dijo Sheinbaum ante una multitud de simpatizantes. “Lo que hay es más democracia, más libertades y un Estado de derecho”.Pero durante el gobierno de López Obrador, los militares estuvieron involucrados en múltiples ejecuciones extrajudiciales, según han documentado grupos de derechos humanos. En febrero de 2023, por ejemplo, un grupo de siete amigos, entre ellos un ciudadano estadounidense de San Antonio, fueron perseguidos y tiroteados por soldados mexicanos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Cinco de los hombres murieron.
“Lo que yo veo es una discordancia total en el discurso triunfalista en términos de seguridad y derechos humanos y la atroz, la brutal realidad”, dijo Jacques Coste, historiador especializado en derechos humanos y militarización. “Lo que va a seguir ocurriendo durante este sexenio es que hechos como este se van a minimizar”.
Las fuerzas armadas, que ya se encargan de la seguridad pública, así como de gestionar los puertos, aeropuertos y aduanas del país, y de operar una cartera de proyectos de infraestructuras, obtuvieron otra responsabilidad la semana pasada. Los legisladores aprobaron una enmienda constitucional, enviada por López Obrador como parte de una serie de propuestas para cambiar la Constitución, para poner a los 130.000 efectivos de la Guardia Nacional bajo el control de los militares.
La aprobación hizo saltar las alarmas entre los expertos ante la posibilidad de que esta medida provoque un aumento de los abusos arbitrarios que pueden ser extremadamente difíciles, si no imposibles, de investigar, dada la opacidad de las fuerzas armadas.
En el último tiroteo en Chiapas, la Secretaría de Defensa dijo que los dos soldados que abrieron fuego contra los migrantes fueron apartados de sus funciones, y que tanto el ejército como la Fiscalía General de la República investigarían el caso.“Normalmente, cuando hay enfrentamientos, el comunicado es siempre igual: vieron un vehículo sospechoso, repelieron la agresión y presentan el saldo. Y ahí queda. Y no se investiga”, dijo Catalina Pérez Correa, experta en militares del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia.
“Hasta que no existan investigaciones independientes por autoridades distintas a la propia Sedena”, dijo Pérez Correa, “no vamos a saber qué es lo que pasó y no habrá rendición de cuentas”.