Emitió la Corte su decisión final en la controversia constitucional 56/2020 que interpuso el Municipio de Cusihuiriachi contra el uso de la Guardia Nacional y demás acciones del Gobierno Federal en la disputa por el agua de la presa La Boquilla.
El Pleno de la SCJN concluyó su análisis y “decidió reconocer la validez de las órdenes del Ejecutivo Federal (Andrés Manuel López Obrador) de disponer del agua almacenada en la presa ‘La Boquilla’”, informó en comunicado el Poder Judicial.
Según justifican los ministros, el artículo 4 de la Constitución General refiere la gestión de aguas, que le confiere la atribución exclusiva al Ejecutivo sobre las aguas para dar cumplimiento a tratados internacionales.
La entrega de agua de presas al pago del tratado internacional “no requiere participación de las autoridades estatales o municipales para ser tomada ni ejecutada”, resuelve la Corte al desechar el recurso de Cusihuiriachi.
La decisión también solicita al Congreso de la Unión emitir la Ley General de Aguas en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Y reiteró las decisiones que tomó en la controversia constitucional de Cusihuiriachi para también resolver las que promovieron los municipios chihuahuenses de Aquiles Serdán, Namiquipa, Manuel Benavides, Ballza, Huejotitán y Buenaventura.
Con esto la Corte sienta el precedente para que el Gobierno Federal pueda tomar el agua de las presas a fin de destinarlo a cumplir el pago del Tratado de Aguas de 1944 que tiene con Estados Unidos.
Guerra del agua.
Cabe recordar que en septiembre del 2020 estalló el conflicto de la Guerra del Agua, donde el Gobierno Federal desplegó elementos de la Guardia Nacional y el Ejército (Sedena) para tomar el control de las presas ante las protestas de agricultores del centro-sur del estado de Chihuahua.
El estallido social llevó a que militares dejaran las presas y que productores de la región cerraran las compuertas de la presa La Boquilla para evitar la extracción de más agua debido a que estaba en niveles mínimos ante la sequía extrema de aquel año, lo cual advertían ponía en riesgo el medio de subsistir de los habitantes de varios municipios.
Dentro de los sucesos, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra camioneta que tripulaban agricultores. Como resultado murió Jessica Estrella Silva Zamarripa y terminó gravemente herido su esposo Jaime Torres, el 8 de septiembre de aquel 2020.
Por el asesinato, agentes de la GN enfrentan proceso penal.
Asimismo, agricultores fueron apresados por daños durante los disturbios relacionados a las presas. Por ello sigue preso el productor Andrés Valles.
Comunicado de la SCJN.
