Fue requerido por un Juez de Control a petición del Ministerio Público para reanudar el proceso penal seguido en su contra, por hechos ocurridos en el periodo de julio de 2019 a julio de 2022, cuando dejó de pagar la pensión alimenticia de sus tres hijos.
En abril del presente año se le vinculó a proceso penal y se le otorgó el beneficio de un acuerdo reparatorio, no obstante, incumplió con el pago del mismo, por lo que de nueva cuenta será presentado ante la autoridad judicial.
El delito que atenta contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias está previsto en el Artículo 188 del Código Penal del Estado de Chihuahua y se sanciona con penas de seis meses a cuatro años de prisión, de 50 a 400 días de multa y reparación del daño obligatoria por las cantidades no suministradas de manera oportuna.