Segalmex no sólo pagó por los procesos para obtener leche en polvo y crema, sino que además entregó la materia prima, es decir, la leche bronca que debía ser deshidratada, pero las empresas contratadas no le regresaron ni el producto ni el dinero.
En su investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó leche con un valor de mil 251 millones de pesos que las empresas no le devolvieron procesada.
Los convenios fueron suscritos por Diconsa y Liconsa en 2020 con Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73.
La FGR concluye que, tomando en cuenta el pago del contrato y el valor de la materia prima, Coprolac recibió mil 228.4 millones de pesos, mientras que Vicente Suárez 73 obtuvo 458.6 millones de pesos.
«Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento, deshidratado y la maquila de leche bronca a polvo, que también incluía la obtención de la crema, lo cual no se materializó.
«En los archivos de Liconsa, no obra documentación alguna que soporte o ampare el procesamiento del producto», dice el expediente de la FGR.
De Grupo Vicente Suárez 73, ya fue vinculado a proceso Édgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de la firma.
Los jueces hallaron elementos que vinculan a Armenta con René Gavira Segreste, ex titular de Segalmex.
La Auditoría Superior de la Federación confirmó que la empresa incumplió con el procesamiento de leche pactado con Liconsa.
La FGR suma 27 carpetas de investigación por los desfalcos a Segalmex, aunque un ex directivo de ese organismo se convirtió en asesor del Fiscal Alejandro Gertz.
Se trata de Roberto Antonio del Valle, ex gerente de Estrategia Institucional y Comercial de Segalmex y uno de los colaboradores más cercanos de su ex director general Ignacio Ovalle.
La cercanía de Ovalle con Del Valle se remonta a la época en la que ambos militaban en Movimiento Ciudadano (MC) y encabezaban la Fundación México Con Valores.
Hoy, de las 25 órdenes de captura, la FGR ha detenido a 12 de los imputados. Sin embargo, sólo 4 han sido vinculados a proceso y están presos, mientras que los 8 restantes han quedado en libertad.
Y dispersan a privados botín de Segalmex
Las dos empresas investigadas por la estafa lechera a Segalmex, dispersaron entre empresas y particulares parte del dinero público que obtuvieron de los contratos que incumplieron con el organismo federal que sustituyó a la ex Conasupo.
La Fiscalía General de la República (FGR) encontró que de los más de 435 millones de pesos que Liconsa pagó a las empresas Coprolac y Vicente Suárez 73 para procesar la leche bronca, un total de 294 millones de pesos fueron dispersados o triangulados a cuentas bancarias de empresas y particulares que quedaron plenamente identificadas en la investigación.
En el caso de Coprolac, que de Segalmex recibió en su cuenta bancaria 243.7 millones de pesos, transfirió 117.7 millones a ocho personas físicas y morales entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
Los beneficiarios son Óscar Iván Medina González, Importaciones Juárez Martínez, Le Cuisine Banquetes, El Trébol de San Juan, Juan Carlos Burillo González, Productos Loneg, Carlos Ernesto Herrera Reza y Servicios Dominsil.
En tanto, de los 191.4 millones de pesos que Segalmex pagó a Grupo Vicente Suárez 73, esta empresa transfirió 176.2 millones a 11 compañías y personas.
Los destinatarios fueron nuevamente Productos Loneg, Nasí como Negocios Estratégicos de Infraestructura, Comercializadora Maynur, Polietilenos del Sur, Printallaminación y Carlos David Sotelo Lozano.
También Fernando Carrillo Alfonso, Leche Diecinueve Hermanos, Ana Paula Luna Castañeda, Karen Alicia Pizarro Magallane y Lorena Soto Cedillo.
Piden captura… y no era accionista
En su investigación por el desfalco a Segalmex mediante dos contratos de leche, la Fiscalía General de la República (FGR) patinó y solicitó la captura de Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, quien ya no era accionista de Coprolac, una de las empresas acusadas.
Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la FGR pidió la captura de Sotomayor Hernández, quien además es presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.
Un juez negó la captura al confirmar que el Magistrado constituyó en 2010 la empresa, pero dejó de ser accionista de la misma en 2016, mientras que los contratos bajo investigación son de 2020.
