El Senado publicó este arranque de febrero el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal llamado ‘Segundo Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública’.
La ruta por Chihuahua.
Recopilando información de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos, ubican que las principales rutas de tráfico de armas inician en seis puntos del país vecino del norte, en los estados de: Washington, Utah, Colorado, Misuri, Georgia y Florida.
La ruta que comienza en Colorado, donde el tráfico de armas particularmente provendría de la ciudad metropolitana de Denver, sería la que atraviesa el estado de Nuevo México para luego cruzar armas de El Paso (Texas) a Ciudad Juárez (estado de Chihuahua).
Sería así que las armas traficadas desde Estados Unidos tienen su primera parada en Ciudad Juárez, donde los grupos criminales las usan para cometer delitos graves, desde amenazas hasta asesinatos.
No termina ahí, sino que las armas -varias de ellas de grueso calibre- continúan su tránsito al sur, hasta la ciudad de Chihuahua, como uno de los puntos donde también serían traficadas por criminales.
El siguiente punto es la ciudad de Durango. Luego llegan a Guadalajara donde se conjunta esta ruta con las armas que vienen del noroeste por Baja California y Sonora (traídas desde Washington y Utah).
Ya como una ruta unida, siguen su paso a Morelia, a Chilpancingo, a Oaxaca de Juárez, a Tuxtla Gutiérrez y finalmente a los grupos armados del sureste en Balancán, Ciudad Cuauhtémoc (Chiapas), Tapachula y Ciudad Hidalgo.
La Sedena identifica como “rutas de abastecimiento” de armas las que pasan por Estados Unidos, debido a que van recopilando armas en su paso hasta la frontera, en muchos casos de manera legal porque así lo permiten las leyes de aquel país.
Luego ingresan por los principales puertos fronterizos: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros.
El documento aborda múltiples aspectos de la seguridad pública con la participación de las Fuerzas Armadas (Sedena, Semar y GN), y en un punto habla de las rutas que siguen las armas de fuego que salen de seis estados de EE.UU. hasta los principales cruces fronterizos de México.
Lo saben en México y en EE.UU.
Una de las fuentes de información del tráfico de armas es el Puesto Militar de Seguridad Estratégica (PMSE) Samalayuca a las afueras de Juárez.
El informe explica de mensualmente participan las autoridades en “las mesas de inteligencia sobre tráfico de armas para intercambiar información estratégica y operativa sobre los esfuerzos que realizan ambos países para hacer frente al tráfico de armas”.
Realizan “trabajos de inteligencia en la trazabilidad de armas aseguradas” por personal militar en el país, “incluso las de grueso calibre”.
“Se intercambia cada mes información sobre este rubro con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos”.
Como evidencia, Sedena mostró un aseguramiento de armas largas, desde semiautomáticas de combate hasta ametralladoras automáticas.
Para evitar el tráfico de armas es que han realizado las mesas de inteligencia entre autoridades de los dos países, además de la instalación de tecnología en las aduanas “con la finalidad de cortar las vías de abastecimiento de armamento, municiones, explosivos, numerario e hidrocarburos de la delincuencia organizada” para fortalecer la seguridad.
Resalta el Gobierno la modernización de aduanas con tecnología “no intrusiva a fin de homologar tecnología de Estados Unidos”, gracias a la colaboración entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. y la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anac).
Para las catorce aduanas de la frontera norte de México compraron e instalaron: 1033 detectores de armas y drogas; 176 sistemas de rayos X para inspección vehicular y ferroviaria; 135 equipos de rayos X para inspección de equipajes y carga; y catorce laboratorios móviles para detectar hidrocarburos y otras sustancias.
El informe fue elaborado en noviembre del 2023 y publicado el 1 de febrero por el Senado de la República.
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