Este 16 de julio publicó el Gobierno Federal el “acuerdo por el que se delega la facultad del Secretario de la Función Pública en materia de información reservada y confidencial”.
A partir de ahora, los directores de áreas y unidades de la SFP designados podrán solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al SAT y demás autoridades del ramo financiero y fiscal.
Específicamente podrán solicitar datos de “operaciones de depósito, ahorro, administración e inversión de recursos monetarios” y en general la información bancaria reservada o confidencial.
El objetivo es “verificar la evolución patrimonial de los declarantes, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, o bien, para el desarrollo de investigaciones de faltas administrativas graves” que la SFP tiene que investigar.
¿Cuáles directores recibirán estos poderes?
I. El titular de cada Órgano Interno de Control Específico, incluido el de la Secretaría de la Función Pública.
II. El titular del Órgano Especializado en Quejas, Denuncias e Investigaciones.
III. Los titulares de Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones.
IV. El titular de cada Unidad de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
V. El titular de la Jefatura de la Unidad Investigadora.
VI. El titular de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas.
VII. El titular de la Dirección General de Investigación Patrimonial y Forense.
VIII. El titular de la Dirección General de Verificación Patrimonial.
A pesar de que delega las facultades, el Secretario de la Función Pública podrá ejercer ese poder también en cualquier momento.
¿Qué hace la Secretaría de la Función Pública (SFP)?
La Secretaría de la Función Pública es la contraloría en el Gobierno de México.
Vigila el apego a las normas de la administración pública.
Previene, investiga y sanciona actos de corrupción u otras faltas administrativas.
También tiene la SFP la capacidad de sancionar con multas e inhabilitaciones a empresas privadas para que no pueden recibir más contratos de instituciones públicas, al identificar alguna falta o delito.
Sus indagatorias son de índole administrativo, aunque con la información que recaba puede presentar denuncias de tipo penal ante las fiscalías correspondientes.