La corporación a cargo de Loya se encargó de la detención de los probables agresores, y durante el registro de información personal y señas particulares para su identificación, se logró visualizar en su piel un tatuaje “con probable relación al ‘Tren de Aragua’”, dijo el funcionario en entrevista.
No obstante, agregó que buscarán intercambiar información en la próxima reunión fronteriza con agencias estadounidenses, para que consulten sus bases de datos con respecto a este tipo de señas particulares, y poder afirmar de forma certera que se trata de un integrante del considerado cártel transnacional.
Sus orígenes se rastrean a 2005, cuando en la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela, se inició su actividad.
En México, en Chihuahua se ha sugerido la presencia del grupo por parte de la SSPE desde el año pasado, pero corporaciones como la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Secretaría de Seguridad Municipal de Juárez han negado su aparición.
El pasado 31 de diciembre, el Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestó a cuatro hombres, quienes, afirmó la dependencia, son miembros confirmados del “Tren de Aragua” que intentaban cruzar ilegalmente la frontera hacia Texas.
Fueron identificados por tatuajes que sugieren un rango de liderazgo en la organización.
Se trata de Carlos Arichuna S. M., quien además de los tatuajes de animales en su brazo derecho y simbología cristiana en el otro, tiene en la espalda un símbolo de difícil lectura con tres estrellas a su alrededor.
Autoridades texanas han informado previamente que las estrellas pueden denotar rangos de liderazgo al interior de la organización.
‘Ataque fue cometido con brutal ferocidad’
El juez federal de control José Avelino Orozco Córdova consideró que el asesinato del agente federal de Migración Luis Alberto Olivas García fue, además de ventajoso, cometido con brutal ferocidad, que forma parte de la lista de medios por los que se constituye la premeditación en el delito.
Pese al intento de la defensa por desvirtuar los informes policiales y la formulación de imputación por imprecisiones del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República y de los agentes estatales y de Migración que relataron el hecho y la detención, el juez señaló que no hubo dato de prueba que nutriera sus argumentos, por lo que descartó lo señalado por ambos abogados de oficio de Carlos Arichuna S. M. y David Josué V.
La audiencia de vinculación a proceso tuvo lugar ayer, 6 de enero. Inició con tres minutos de anticipación, debido a que se encontraban todas las partes intervinientes listas, y duró tres horas entre dos recesos, una extensa argumentación que de nada sirvió a la defensora de S. M., y un interrogatorio lleno de habilidades deficientes de comunicación de la agente del Ministerio Público Federal por una inspección a un video de YouTube ofrecida por la defensa.
La acusación a ambos imputados es que el 30 de diciembre de 2024, entre las 11:30 de la mañana y 4:04 de la tarde, en un cerro cerca del Punto de Revisión Carretero conocido como Precos, los acusados presuntamente sin justificación alguna agredieron al agente Olivas García en la parte superior del cuerpo, con piedras, para luego empujarlo, hacerlo caer por seis metros cuesta abajo, y una vez en el suelo, David Josué V. lo agredió con una piedra grande sobre la cabeza, lo que provocó su muerte por hemorragia cerebral traumática por un traumatismo craneoencefálico severo, además de lesiones externas en el torso, piernas y manos.
Aunque el video de YouTube que la defensa propuso revisar fue descartado para la decisión final, resaltó el hecho de que durante la filmación en directo de la detención de los acusados del homicidio por parte de un canal de televisión local se observó cómo mientras iba esposado David Josué V., un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) lo golpea en la cara, para luego retirarse.
El uso de esta evidencia no prosperó, pues sólo fue una inspección sin que una persona especialista describiera lo que ocurría.
Al inicio de la audiencia, destacó la presencia de una abogada adicional en la mesa de la defensa. El juez cuestionó este hecho, y se dio a conocer que el defensor público Edgar Ricardo Sánchez Magaña, que antes representaba a ambos acusados, ahora sólo tendría como gobernado a David Josué D.
Por su parte, Heren Sarahí Meza Gaytán, también de la Defensoría Pública, tomó la representación de Carlos Arichuna S. M.
Para la vinculación a proceso, el juez Orozco Córdova añadió la calificativa de premeditación por brutal ferocidad, pues Luis Alberto Olivas García se encontraba, al momento del último golpe con la roca a la cabeza, inerte, sin defensa. El ataque, dijo, fue una muestra de desprecio por la vida humana, sin ningún motivo para hacerlo.
El tiempo de investigación complementaria fue fijado en tres meses, por lo que será en abril cuando ambas partes deberán resolver el siguiente paso en el proceso penal de ambos acusados.
Carecen de representación consular
Sin presentar asistencia consular a Carlos Arichuna S. M. y David Josué V., acusados de ser los responsables de la muerte del agente del Instituto Nacional de Migración (INM) Luis Alberto Olivas García, aparentemente porque estos la rechazaron, hasta ayer los gobiernos de Venezuela y Colombia no habían confirmado el apoyo ofrecido a sus ciudadanos.
Aunque los dos gobiernos fueron buscados por El Diario, hasta el cierre de esta edición ninguna de sus representaciones en México había dado respuesta sobre el reconocimiento de sus ciudadanos o el acercamiento a ellos o sus familias.
De acuerdo con el Gobierno mexicano, Carlos Arichuna S. M., de 36 años de edad, identificado como Carlos “N”, cuenta con dos nacionalidades, la venezolana y la colombiana, ya que nació en la República Bolivariana de Venezuela, pero cuenta con un pasaporte emitido por el Gobierno de Colombia, con vigencia del 7 de julio de 2022 al 6 de julio de 2032, por lo que al ser detenido se identificó como colombiano.
Por su parte, David J. V., de 29 años, quien presuntamente le aventó una piedra en la cabeza al agente federal, sólo cuenta con la nacionalidad venezolana.
Ambos fueron detenidos la tarde del lunes 30 de diciembre, a 1.8 kilómetros del retén militar de Precos, en la sierra de Juárez, en el desierto de Samalayuca, acusados de haber agredido a golpes y pedradas al agente de 46 años de edad.
Según la información que trascendió en la audiencia en la que fueron presentados ante un juez federal de Control, ninguno de los imputados aceptó la representación consular de sus países.
Sin embargo, el gobierno de Colombia informó el 31 de diciembre que no tenía información oficial por parte de las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos sobre la presunta participación de un nacional colombiano en los hechos relacionados con el fallecimiento del agente del INM, por lo que el sábado 3 de enero el INM difundió una tarjeta informativa confirmando la nacionalidad colombiana del imputado, por lo que hasta ayer se desconocía si dicho país ya había ofrecido su apoyo al migrante quien permanece en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3.