La medida, tomada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), permitirá movilizar -sin necesidad de decretar estados de excepción- a militares a las calles para enfrentar a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), que mantienen nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros.
«El organismo resolvió declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana», dijo a la prensa el Secretario de Seguridad, Wagner Bravo.
El Cosepe, integrado por todos los poderes estatales y las cúpulas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sostuvo una reunión liderada por el Presidente Guillermo Lasso en la sede de Gobierno en Quito, la capital.
Tras la cita, Bravo -un general retirado del Ejército que asumió el cargo el miércoles- informó a la prensa que la entidad también acordó «declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme».
Asimismo, recomendó a Lasso establecer mediante decreto medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo.
Soberanía afectada
Bandas del narcotráfico sostienen una guerra por el poder en las cárceles y las calles.
Los enfrentamientos entre reclusos dejan más de 420 presos muertos desde 2021, mientras que fuera de las penitenciarías la tasa de asesinatos casi se duplicó entre ese año y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100 mil habitantes, según autoridades.
Horas antes de la reunión del Cosepe, Bravo dijo que la medida permitirá a los militares salir a las calles y actuar directamente contra las organizaciones consideradas terroristas.
«Estamos hablando de una amenaza que tiene la seguridad nacional y la convivencia de los ecuatorianos. Por lo tanto, están facultadas las Fuerzas Armadas para proteger la soberanía porque el terrorismo está afectando a la soberanía», declaró al canal Ecuavisa.
Añadió que los militares «van a tener que hacer operaciones contraterroristas: identificar, neutralizar y capturar», para lo que la institución castrense cuenta con una unidad especializada.
«Ahora ya no vamos a necesitar un estado de excepción porque esa es una de las misiones que tienen las Fuerzas Armadas», enfatizó el Secretario de Seguridad.
Desde que asumió el poder, en mayo de 2021, Lasso ha dictado una decena de estados de excepción para poder movilizar a los militares a las calles e implantar toques de queda ante los altos índices de criminalidad.
«Hay terrorismo»
El Ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó hace casi dos semanas que «estamos en el peor momento de crisis de violencia del país» y señaló que en Ecuador, con unos 18 millones de habitantes, hay más de 13 Grupos de Delincuencia Organizada, algunos con varios miles de miembros.
«Estamos viviendo en este momento un ataque indiscriminado del crimen organizado, que nos ha visto como un país débil, con una institucionalidad baja y que ha ido poco a poco introduciéndose en la vida de los ecuatorianos», sostuvo Bravo.
«Hay terrorismo porque si están atacando los cuarteles policiales, están entrando a los hospitales, están poniendo coches bombas, están poniendo bombas cerca de las estaciones de combustible (…) eso es terrorismo».
Lasso declaró la guerra al crimen organizado y al narcotráfico, al que le ha decomisado más de 450 toneladas de drogas, principalmente cocaína.
Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
El jueves, un militar murió y otro resultó herido en un ataque armado del que autoridades sospechan que se debió a una represalia de criminales.
Hace dos semanas, una treintena de pistoleros abrió fuego contra la población en un puerto de pesca artesanal, matando a nueve personas.