El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), emitió el proyecto de declaratoria señalando que el Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades, había alcanzado los consensos necesarios para proceder con estas modificaciones constitucionales. Estas pasarán ahora al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
Principales Cambios Constitucionales
Las reformas implican la desaparición de siete órganos autónomos, entre ellos:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
- Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Redistribución de Funciones
Con la eliminación de estos organismos, sus funciones serán absorbidas por dependencias del Poder Ejecutivo Federal, que contarán con nuevas atribuciones para garantizar derechos fundamentales y regular sectores clave:
- Telecomunicaciones y radiodifusión: El Ejecutivo garantizará el acceso a tecnologías de la información y comunicación, incluida banda ancha e internet, y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados para evitar prácticas monopólicas.
- Energía e hidrocarburos: La política energética del país será supervisada directamente por una dependencia del Ejecutivo, que tendrá facultades para regular y sancionar aspectos técnicos y económicos. Se limitará la participación privada en la generación de energía eléctrica y en la explotación del litio.
- Competencia económica: Se delegarán facultades al Ejecutivo para prevenir, investigar y combatir monopolios, ordenar desincorporaciones de activos y eliminar barreras de entrada en mercados estratégicos.
El acceso a la información pública y la protección de datos personales serán atendidos por los sujetos obligados, con la vigilancia del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en los casos relacionados con partidos políticos. Asimismo, el organismo encargado del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica asumirá la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales.
Estas reformas buscan consolidar las funciones administrativas, reducir costos operativos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población, según señalaron legisladores de Morena. Sin embargo, la desaparición de los órganos autónomos ha generado críticas de la oposición, que advierte sobre posibles retrocesos en transparencia, derechos de los ciudadanos y regulación independiente.