Un documento del pasado 28 de julio de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), indica que el erario todavía tiene que pagar mil 725 millones de pesos más intereses a Banobras, por el arrendamiento financiero del Boeing 787-8 que el Presidente mandó guardar en un hangar en diciembre de 2018.
Sólo para mantener el hangar donde se guarda la aeronave, se requirió este año el desembolso de 82 millones de pesos, mientras que el mantenimiento en el periodo diciembre 2018 a diciembre de 2019, costó 30 millones de pesos.
«En tres años siete meses, la aeronave realizó únicamente 52 horas y 45 minutos de vuelo y gasto en combustible 8 millones 42 mil pesos», detalla el documento.
El 29 de agosto, Boeing envió a la FAM una cotización inicial por 855 mil dólares –17 millones de pesos– para mantenimiento del avión en Victorville, California, advirtiendo que múltiples costos adicionales se conocerán una vez que se examine la aeronave.
Si el TP-01 permanece en tierra durante largos periodos de tiempo, es posible que se degrade antes de que se cumplan veinte años que todavía se le ven de vida útil.
«Es muy probable que entre más tiempo permanezca estática, el mantenimiento será más costoso. En un escenario crítico, si la aeronave continúa sin movilidad, podría quedar en desuso», se advierte en el diagnóstico.
La FAM propuso, en el documento de 28 de julio, invertir 228 millones de pesos adicionales –pagados por el Gobierno– para empezar a utilizar el avión en vuelos chárter desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Este gasto sería casi equivalente a los 240 millones de pesos que costó la operación del avión durante el sexenio de Enrique Pena Nieto, según reconoce el documento.
El mismo estudio de la FAM, sin embargo, admite que el avión en su actual configuración es casi inviable para operar comercialmente, ya que sólo tiene espacio para 80 pasajeros y tendría que vender todos sus asientos a precios muy altos para recuperar costos.
Además, se tendría que modificar el contrato de arrendamiento con Banobras para permitir uso comercial, que estaría subsidiado en todo momento por el Gobierno.
Otras opciones que propuso la FAM: seguir tratando de vender el avión, o asignarlo a Sedena para sus actividades sustantivas.