El Primer Tribunal Colegiado de Trabajo y Administrativo, con sede en Mérida, resolvió por unanimidad el pasado 19 de agosto, en sentencia inapelable.
Los magistrados son los que tendrán la última palabra en los litigios contra el Tren Maya, por lo que es previsible que mantendrán el mismo criterio con relación a los tramos 5 Norte, 6 y 7, todas a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional, para los cuales está pendiente la aprobación de las MIA respectivas.
Los magistrados René Rubio, Julia Ramírez y Raquel Flores enfatizaron que las suspensiones concedidas en abril y mayo por el juez federal Adrián Novelo se basaron en que el Gobierno inicio obras del Tramo 5 Sur sin haber siquiera presentado la MIA.
La Secretaría del Medio Ambiente aprobó la MIA el 20 de junio y puso tres condiciones para iniciar las obras:
El pago de una garantía de 188.3 millones de pesos para costos de prevención y mitigación; presentación de todos los proyectos ejecutivos y arquitectónicos, planos, memorias descriptivas, estudios y análisis de riesgo y demás documentos de la obra, y un Plan de Vigilancia Ambiental.
«Sí es factible autorizar el proyecto bajo ciertas condiciones y se determinó que estas se cumplen», afirmó el tribunal, «por lo que suspender sin más elementos técnicos y científicos, podría incluso causar una afectación mayor al interés social, tal y como lo precisó el juez de amparo, sin que ello sea impedimento para que durante la tramitación del incidente o del juicio. las partes hagan llegar al juzgador evidencia científica y técnica en contrario a la MIA y su autorización».
El tribunal acotó que la autorización de la MIA y negativa de suspensión no eximen de responsabilidades que se hubieran generado por ejecutar obras sin el permiso ambiental.
El juez Novelo, de hecho, tiene pendiente resolver si el Gobierno violo alguna de las cinco suspensiones que concedió contra el Tramo Cinco Sur, y que estuvieron vigentes del 13 abril al 8 de agosto.