El pueblo serrano fue bautizado con un nombre en lengua rarámuri que significa “Lugar del palo parado”. La explotación minera en los últimos años ha hecho que ese topónimo en tarahumara quede como el mero recuerdo de una localidad que sigue hundiéndose.
Dia Brass logró lo que ninguna minera ha podido hasta la fecha: provocar tres hundimientos en menos de un año en una comunidad pobre.
Uno de los primeros hundimientos registrados ocurrieron en diciembre de 2013. Dos domicilios habían denunciado irregularidades en su suelo. Uno de los habitantes de esas casas fue Manuel Cruz, quien escuchó estruendos de explosiones subterráneas a las cuatro de la madrugada.
Más tarde vio que su automóvil Chevrolet Metro casi había sido tragado por un socavón de cinco metros de diámetro que se abrió en el patio de su casa. Un segundo hundimiento de un diámetro de 20 centímetros ocurrió a 25 metros de otras habitaciones.
Virgilio Cepeda, entonces director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), solicitó a Dia Brass Mexicana suspender las voladuras subterráneas hasta que dictaminar un análisis de lo que ocurrió aquella madrugada del 2013.
Las detonaciones ocurrían hasta tres veces al día, pero las operaciones mineras habían cesado de forma momentánea por órdenes de la UEPC. “No quiere decir que vayan a presentarse más hoyos de este tipo, no lo podemos asegurar hasta que tengamos los estudios completos, pero nuestra responsabilidad es la de prevenir a la población civil y es lo que estamos haciendo”, indicó la dependencia.
Pero las explosiones continuaron tiempo después, hasta que en junio de 2014 se registró el tercer hundimiento por detonaciones subterráneas, el cual dañó el concreto de la carretera que conduce a la comunidad de Cusihuiriachi.
El alcalde en ese entonces, Enrique Estrada Gutiérrez, exigió a la Dirección de Minas del Gobierno del Estado una revisión exhaustiva a la mina de Dia Grass Mexicana para conocer las condiciones con las cuales laboran.
Dia Brass Mexicana continuó con sus operaciones en Cusihuiriachi pese a los riesgos que constituía su permanencia en contra de los pobladores de la comunidad.
El 13 de noviembre de 2015, el gobierno municipal de Cusihuiriachi colocó cintillas en la entrada de la mina. El cierre temporal obedeció a los resultados de unos estudios que organizaciones ambientalistas realizaron en el agua de la región, los cuales indicaron el hallazgo de sustancias metalúrgicas dañinas para la salud.
Pero cuatro días después, las autoridades federales y estatales acudieron a Cusihuiriachi a retirar las cintillas y sellos colocados por el ayuntamiento, e indicaron que la alcaldía no estaba facultada para clausurar la mina, acusó Estrada Gutiérrez.
El alcalde comentó que la mina de Dia Brass Mexicana “no paga impuestos, daña vías de comunicación y sobre todo contamina el ambiente”.
Tras la reapertura de la mina, el gobierno de Cusihuiriachi solicitó un amparo ante un juzgado federal para exigir respeto a las facultades del municipio.
Previo a la reapertura, la compañía minera había interpuesto una demanda en contra del municipio por abuso de autoridad.
Luego de varios derrumbes ligeros en el subsuelo de la mina, llegó 2019. A finales de este enero un socavón de casi 30 metros de diámetro apareció en la entrada de un poblado de Cusihuiriachi, el cual dejó incluso daños en la vivienda del ex recaudador de Rentas, Armando Fong.
Según reportes preliminares de la UEPC, una de las detonaciones de Dia Brass Mexicana pudo haber causado el hundimiento, a menos de 20 metros de la entrada de Cusihuiriachi, donde ya habían ocurrido afectaciones en el pavimento.
La UEPC dictaminó después que el socavón fue provocado presumiblemente por una filtración de agua del arroyo que corre de forma paralela a la vialidad.
Este junio pasado, la empresa minera volvió a detener labores de explotación al constatar otro hundimiento en un área de 70 metros cuadrados donde se resguarda maquinaria pesada.
El nuevo hundimiento se presentó a poco menos de 300 metros del socavón abierto en enero de este año por la causa del arroyo. Personal de UEPC acudió a una visita para levantar el acta sobre los daños que se presentaron extraoficialmente a las tres de la mañana, pero que fueron notificados al alcalde hasta la tarde.
Abel Ordóñez, actual alcalde de Cusihuiriachi manifestó que hay un temor generalizado entre la población debido a las detonaciones subterráneas de la madrugada.
Información de eldiariodechihuahua.mx/