Los órganos electorales (INE y TEE) han sido por completo omisos al no indagar las fuentes de financiamiento de los anuncios espectaculares que colocan actores políticos de los diversos partidos en diferentes puntos de la capital y otras ciudades del estado, consideraron abogados expertos en materia electoral.
Gerardo Cortinas y Héctor Villasana coincidieron en que el Poder Legislativo debe legislar para evitar que los actores políticos utilicen los mecanismos de libertad de prensa para la promoción personal y anticipada de su imagen.
Cortinas Murra declaró que se trata de una violación reiterada de la legislación electoral por parte de actores políticos o aspirantes de diversas índoles, el hecho de colocar de manera indebida anuncios espectaculares para promover su imagen.
Indicó que ese tipo de publicaciones sería válida si se tratara de asuntos consignados a la ciudadanía como la construcción de una obra pública, la aprobación de un decreto, o bien la derogación de alguna disposición que afecte a los derechos humanos.
“Esa promoción personalizada la ciudadanía la ve como actos anticipados de campaña, en materia electoral y en materia local la legislación es muy precisa. Ninguna persona que pretenda ser registrada como precandidata deberá hacer actos de proselitismo”, insistió el litigante.
Mencionó que las autoridades deben aplicar restricciones electorales para evitar que, a través de mecanismos de libertad de prensa, se cometan actos de promoción electoral anticipada como la exposición personal en revistas, entrevistas, fotografías y otros tipos de contenidos que podrían ser auditables y sancionables como formas de campaña fuera de los tiempos legales.
Detalló que, al término de la precampaña, también se suspenden los actos proselitistas hasta el comienzo formal de las campañas, lo cual consideró absurdo pero vigente.
Un fraude a la ley
Para Héctor Villasana, la urgencia radica en evitar promociones preliminares de personajes que tengan aspiraciones políticas, para que sean equitativas las contiendas, de acuerdo con el espíritu de la Ley Electoral.
“Hay un hueco en la legislación electoral que permite o autoriza que se realicen estas prácticas y los actores políticos aprovechan para promocionar su persona con fines electorales, pero eso es un fraude a la ley”, explicó el también especialista en amparo.
Coincidió en que las autoridades electorales se encuentran atadas de manos mientras no se regule, y sugirió además que el Poder Legislativo, siendo el órgano competente, podría desentenderse de su obligación de modificar la ley porque no le convendría a muchos de sus miembros que suelen aspirar a la reelección o nuevos cargos.