Por ejemplo, varios de los proyectos o negocios que llevan las empresas estatales se manejan a través de sus filiales, lo que les ha permitido tener un vía para no transparentar su información, consideró Oscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
«La tendencia de la política energética de esta Administración ha sido la centralización de las decisiones de inversión y de los jugadores, lo que ha llevado a una menor accesibilidad y calidad de la información disponible por el abuso de la figura de la empresa filial.
«Al final es es un incentivo perverso a la opacidad y eso abre la ventana para malas prácticas en las dos empresas (…) encontraron estas figuras de la empresa filial para llevar a cabo una serie de proyectos sin tener que licitar, sin tener que transparentar ninguna información al respecto», apuntó durante un webinar.
Recordó que la figura de empresas filiales se estableció en las leyes de 2014, con la reforma energética, como una posibilidad para Pemex y CFE de entrar a negocios que pudieran ser atractivos, pero que no eran su negocio central.
Y de esa forma operar bajo un esquema de Derecho Privado, con el que no se tiene la obligación de transparencia o de operar con procesos competitivos.
Por ejemplo, dijo que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, ya debe estar entre los 18 mil millones o 19 mil millones de dólares de costo, pero que al construirse en total opacidad no se tiene una información real.
Mientras que en CFE, su filial CFEnergía -con el objeto de comercializar combustibles, específicamente gas natural- pues ahora es la desarrolladora de las centrales eléctricas que mantiene en construcción.
«¿Qué tiene que hacer un comercializador de gas natural llevando a cabo los proyectos de ingeniería y el desarrollo de centrales eléctricas?», cuestionó.
Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, coincidió que las filiales, como PMI de Pemex, CFEnergía o CFE Internacional, están «blindadas» para no tener que entregar información y que incluso ni siquiera están constituidas en México, lo que dificulta acceder a registros públicos.