MINEROS ATRAPADOS
Apenas el 3 de agosto, un derrumbe en la mina Pinabete, en Coahuila, sepultó a 10 trabajadores. Cuatro días después, el Presidente interrumpió su gira para realizar una visita al lugar, donde recibió reclamos de los familiares que, entre gritos y lágrimas, pedían una respuesta al Gobierno federal.
LA GUARDIA NACIONAL
En medio de esa tragedia, el 8 de agosto, desde Palacio Nacional, el Presidente dio a conocer que el mando de la corporación federal cambiaría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aún sabiendo que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para realizar reformas a la Carta Magna, el tabasqueño revivió la discusión sobre las implicaciones de convertir en castrense a una institución civil.
NARCOBLOQUEOS
Entre el 9 y el 12 de agosto, el Gabinete de Seguridad reportó 260 personas asesinadas durante los días en que se registraron narcobloqueos, ataques a comercios y a población civil en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.
La semana siguiente a los disturbios, el Presidente denunció la existencia de y acciones propagandísticas tanto del crimen, como de sus opositores políticos
AYOTZINAPA
El 18 de agosto, el Gobierno presentó en Palacio Nacional el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
El reconocimiento de un crimen de Estado y revelaciones sobre la participación directa del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, acapararon el debate.
KARAM Y ROBLES
El 19 de agosto, un día después del informe del caso Ayotzinapa, elementos de la FGR, acompañados de la Marina, detuvieron al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
Apenas unas horas después, se anunció que Rosario Robles, ex Secretaria de Estado del Gobierno peñista, saldría del reclusorio -luego de tres años–, para seguir su proceso en libertad.
DEMANDA COVAX
En las secuelas del informe sobre el caso Iguala, el 22 de agosto, los cuestionamientos en la “mañanera” sobre la responsabilidad del ex Presidente Enrique Peña Nieto no se detenían.
Tras evadir algunas de las preguntas y responder otras, pero a medias, el tabasqueño volvió a aplicar “su magia”.
Sin pregunta de por medio, cerró la conferencia con un anuncio: México demandaría al mecanismo Covax ante la ONU por el incumplimiento en la entrega de vacunas contra Covid-19, por unos 75 millones de dólares.
Un día después, tras el amago, se anunció el envío de 10 millones de dosis para inocular a niñas y niños.
LEY ELÉCTRICA Y LITIO
En abril de este año, al no contar con los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional en materia de energía eléctrica, el Presidente posicionó la idea de señalar como traidores a la patria a quienes se opusieron a los cambios.
Además, luego que su proyecto fue bateado en la Cámara de Diputados, generó la percepción de que había ganado la partida, gracias a que –días antes– la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
En ese marco, presionó al Congreso para aprobar, en fast-track, una reforma a la Ley Minera para impedir la participación de privados en la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, con un discurso enfocado en posicionar “la nacionalización” del mineral.
LOS JESUITAS
El 21 de junio, dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas fueron asesinados en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.
Los hechos provocaron los reclamos de la Iglesia católica, que exigió modificar la estrategia de seguridad del Gobierno basada en los “abrazos, no balazos”.
El Presidente respondió a la inconformidad acusando a la jerarquía eclesiástica de omisa e hipócrita.
INVESTIGAN A PEÑA
Justo cuando la confrontación AMLO-Iglesia dominaba la conversación pública, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se presentó en la “mañanera” para exhibir una presunta red financiera del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
Según el reporte, esa red involucra a familiares directos, un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales.
Peña y sus empresas familiares habrían recibido más de 10 mil millones de pesos durante el sexenio que gobernó.
LA REFORMA ELECTORAL
A finales de abril, en medio de amagos del sindicato de Pemex para parar plantas y de la especulación sobre la posibilidad de un control de precios para frenar la mayor inflación en los últimos 21 años, el Presidente lanzó su propuesta de reforma electoral.
En un hecho sui géneris, los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, presentaron el proyecto que busca, entre otras cosas, ahorros por 50 mil millones de pesos, con recortes al INE, al financiamiento público de partidos, a los congresos federal y locales, ayuntamientos y hasta la eliminación de los OPLES.