En aras de la construcción de lo que será el Centro Regional de Seguridad para el Desarrollo en Guadalupe y Calvo tipo C4, mismo que consiste en un cuartel para albergar a 200 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y agentes de investigación, se llevó a cabo una reunión entre gobernadores indígenas, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General del Estado, y autoridades municipales.
Crisóforo Prieto Cruz, director de asuntos indígenas del municipio, señaló que esta reunión se hizo con el fin de no dejar fuera a las comunidades indígenas, ya que fiscalía busca beneficiarlos sin afectar sus usos y costumbres que es lo primordial.
Por ello, aseveró, se buscó en un inicio ver la viabilidad del proyecto y se determinó que gracias a la gestión del alcalde Ingeniero Noel Chávez Velázquez será de gran beneficio, y como ejemplo señaló la derrama económica que traerá consigo al ocupar la fiscalía traductores de la región para atender a su propia gente en temas legales, amén de que se evitará el caer en procesos injustos en los que los indígenas pasan años siendo procesados y al final se determina su inocencia.
Por su parte, Martín del Ángel Ramos Gastelum, agente del ministerio público, precisó que se busca brindar servicios de seguridad pública y procuración de justicia de lo cual se advierte una gran escasez no solo en Guadalupe y Calvo sino en distintas áreas, que el proyecto ya está autorizado por congreso del estado desde el año pasado, y que será de gran relevancia al impactar a zonas de gran importancia.
Aseguró que los indígenas están a favor de este proyecto ya que lo consideran necesario, que se han recibido señalamientos a la seguridad pública en reuniones informativas previas, y que en esta que es informativa se afinarían los detalles ya que ellos se sienten tomados en cuenta.
De igual manera, Aurelia Rivas Valencia del área de participación y consulta de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas calificó el proyecto como muy importante, aclarando que la COEPI funge dentro del mismo como el órgano técnico, en tanto que la fiscalía se encarga de la parte operativa.
Acotó que las comunidades indígenas pueden emitir su opinión cuando un proyecto les afecte como es el caso, toda vez que la operación de los agentes que vendrán se realizará en las comunidades en su mayoría ocupadas por las etnias Odame y Raramuri, razón por la cual se toma el parecer a los representantes de las mismas para orientar a los elementos policiacos acerca de cómo deben manejarse, y que las etnias tienen el derecho a emitir su opinión como pueblo indígena.
Cabe señalar que en la reunión estuvieron presentes varios funcionarios municipales, y personal del Instituto Estatal Electoral a efecto de dar fe de que se permitiera la participación de los representantes indígenas.
