De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en la solicitud de protección de la justicia que fue presentada el 6 de enero de 2020, el pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, reclamó «la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo Federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas».
Los también integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) denunciaron además la «ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada».
«En el amparo que presentamos denunciamos que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», manifestaron.
Los inconformes explicaron que la consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, «pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades».
Además de que antes de consultar, indicaron, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos.
«La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad», agregaron.
Ante los elementos expuestos, el Juzgado Primero de Distrito con sede en el estado de Campeche, acordó conceder la suspensión provisional «para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables con independencia al resultado de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto», hasta que se resuelva el amparo en definitiva.