Ante la polémica que desató el documento, la CNDH arguyó que la falta de observancia de dicha reforma, plasmada en la Constitución, va en contra de la obligación del Estado de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Además, abundó, la instrucción desde el titular del Poder Ejecutivo no corresponde a sus facultades y “debilita” el estado de derecho.
En un comunicado, el organismo público fijó en seis puntos su posicionamiento frente al memorándum de López Obrador, e hizo un “respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y, considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.
Tras puntualizar que la educación es un derecho humano reconocido por la Constitución y por los instrumentos internacionales a los que México se ha adherido, recordó la obligación del Estado de garantizar ese derecho, sobre todo a niñas, niños y adolescentes, “con independencia de coyunturas políticas o diferendos ideológicos”.
Por ello, agregó, “la instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente”.
Incumplir el mandato constitucional generaría “el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto que las autoridades estarían actuando al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales”.
Para la CNDH, nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y se ordene desde las instancias de poder que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar, lo que –recalcó– resulta violatorio a los derechos humanos.
“Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política”, sostuvo.
Tras exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a rectificar las instrucciones que ha girado en materia educativa, resaltó que corresponde a los poderes Judicial y Legislativo hacer las correcciones pertinentes.
“En caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al Poder Revisor de la Constitución, o en su caso al Poder Legislativo, realizar las adecuaciones conducentes, asumiendo como premisa básica de actuación la vigencia efectiva de tal derecho y la protección del interés superior” de la infancia.
Ante la instrucción del mandatario federal de procurar la liberación de profesores que se encuentren en prisión por participar en movilizaciones contra la Reforma Educativa, la CNDH advirtió que “existen instancias encargadas de la administración e impartición de justicia a las cuales corresponde decidir, en definitiva, sobre la legalidad y justicia de las normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento”.
Remató: “La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos no pueden ser botín o moneada de cambio ante intereses políticos económicos o de cualquier índole”.