La activista, dijo que como organización toman en cuenta varios datos, los cuales se analizan de acuerdo a diferentes criterios. En primera instancia, dijo que en la actualidad acompañan 200 casos de desaparición en la zona occidente del estado, mientras que a nivel nacional toman en cuenta los 2 mil 186 casos que proporciona el Registro Nacional, que corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas denuncias corresponden en su mayoría a partir del sexenio de Felipe Calderón, en 2009; el tercer dato que toman en cuenta, derivado de los dictámenes expuestos por el equipo argentino de antropología forense, hay más de 2 mil 200 casos de desaparición a nivel nacional.
Fierro, especificó que de acuerdo a la Ley General Sobre Desaparición Forzada de Personas, promulgada en 2017, se consideran desapariciones forzadas cuando existan los siguientes elementos:
-Privación de la libertad, ya sea legal o ilegal.
-Participación, aquiescencia o tolerancia de elementos del Estado.
-Ocultamiento del paradero de la víctima o negativa de la desaparición, posterior al hecho.
Cabe destacar, que en los estados mexicanos colindantes con Estados Unidos, ocurrieron el 50 por ciento de las desapariciones y en la actualidad existe una sentencia hacia el Estado Mexicano, caso Alvarado Espinoza, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se obliga a la investigación y resolución a fondo de dichos casos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de semana que este año se destinarán 400 millones de pesos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, desde el Sistema Nacional de Seguridad, se utilizarán 7 mil 500 millones de pesos del fondo de apoyo a la seguridad pública de los estados, en labores de identificación forense, búsqueda, exhumación e implementación de un sistema único de información.