Las primeras víctimas fueron 25 productores de frijol y un menor de edad rarámuri. Ocurrió el 23 de febrero de 2018, cuando labriegos de los municipios de Guerrero, Temósachi, Cusihuiriachi y Matachí tomaron la caseta de peaje de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua.
Las autoridades estatales llevaron a cabo un operativo para ‘liberar’ la garita. El Gobierno estatal aseguró que los manifestantes estaban obligando a los usuarios de la carretera a pagar cien pesos a cambio de un kilo de frijol “e impidió el cobro de los derechos por el uso”. Ante la presencia de los uniformados, los manifestantes desobedecieron y se negaron a entregar la caseta.
En eso llegaron los golpes por parte de los policías estatales, quienes terminaron por detener a 25 productores de frijol y al menor de edad. Los labriegos de distintos municipios rurales habían tomado la caseta para exigir un precio de garantía de 17 pesos el kilogramo de frijol.
A las protestas se unieron productores lecheros que mantuvieron por dos semanas un bloqueo en las vías del ferrocarril que va desde Delicias hasta Chihuahua, para demandar que Liconsa les compre el litro de leche a ocho pesos.
Videos de las detenciones de los labriegos comenzaron a viralizarse ese mismo día, lo que provocó el reproche colectivo a las acciones del gobierno de Javier Corral. Ante la presión de asociaciones y repudio de la ciudadanía, los aprehendidos fueron liberados. Luis Fernando Chacón Erives, presidente municipal de Guerrero, lamentó la respuesta de las fuerzas estatales.
“De manera insensible prefiere mediante el uso de la fuerza pública tratar de sacudirse el problema en lugar de demostrar voluntad política para solucionarlo benéficamente para todas las partes involucradas”, dijo.
Paralelamente estaban las protestas añejas de los ejidatarios de la región de Sacramento. El 6 de julio de 2018 fueron detenidos a golpes cinco campesinos y un menor de edad.
Durante la madrugada de ese día, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas instaló vigas de acero y bloques de concreto en una brecha que permite el libre paso, para obligar a los ejidatarios a pagar el peaje de la Caseta Sacramento.
Al darse cuenta de los obstáculos instalados por el Gobierno, los ejidatarios decidieron usar sus tractores para desmantelar las barreras que impedían su paso a la brecha “de la digna libertad” para poder acceder a la carretera de pago, donde deben cruzar incluso varias veces al día.
Los ejidatarios fueron desalojados, provocando un altercado con los policías estatales, quienes agredieron y finalmente detuvieron a los campesinos. Ante la denuncia colectiva de organizaciones locales por el presunto abuso de autoridad y detención arbitraria de campesinos, se concretó la liberación inmediata de los asegurados al día siguiente. Los desencuentros y protestas continuaron sin detenciones el resto del año.
Los ejidatarios tenían que cruzar más de una vez al día por aquella caseta: el costo era altísimo, así que potaron por transitar por la brecha para ahorrarse el costo del peaje. Sin embargo, este sábado fueron golpeados varios habitantes de la región de Sacramento -incluido el diputado local por Morena, Miguel Ángel Colunga- y fueron detenidos 14 campesinos. Antes de las detenciones se llevó a cabo un operativo en contra de los ejidatarios.
Su justificación: los habitantes de Sacramento “provocaron daño al patrimonio del estado afectando muros de contención, estructuras, así como una obra de excavación que recientemente se había realizado a solicitud de los propietarios de los predios, ya que se trata de terrenos de propiedad privada”.
Al igual que el incidente del 6 de julio de 2018, los remitidos fueron liberados horas después. Una vez fuera, interpusieron denuncias ante la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE). Previo a las agresiones más recientes en Sacramento la semana pasada, habitantes de la localidad La Laguna, en Bocoyna, fueron desalojados y detenidos por policías estatales el 11 de agosto de 2018.
La comunidad se encontraba en una ya enraizada protesta en contra de incumplimiento de acuerdos por parte de la gasera TransCanada, la cual opera el gasoducto Encino- Topolobampo. El gasoducto cruza por Cuisihuiriachi, Carichí, Bocoyna, Urique y Guazapares, principalmente, pero los acuerdos de actividades como aprovechamiento forestal, instalación de sistemas de riego, arado y construcción fueron limitadas a las cercanías del gasoducto.
La comunidad señaló que estos acuerdos afectan a varias comunidades rarámuri y acusaron a TransCanada de no entregarles un pago justo por la construcción de la obra. La Red de Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara acusó al gobierno estatal de uso excesivo de la fuerza durante las detenciones de los 15 comuneros.
Además afirmaron que fueron golpeados adultos mayores y mujeres, que los uniformados amenazaron con sus armas a los presentes y cometieron robos y daños a pertenencias de la comunidad.
Los manifestantes fueron liberados un día después de sus detenciones. Lejos de las manifestaciones, la Policía Estatal ya ha estado incolucrada en detenciones arbitrarias como las ocurridas durante el 29 de noviembre de 2018 en perjuicio de once agentes de seguridad pública de Cuauhtémoc y Efrén Peñaflores Rodríguez, entonces director de la corporación municipal.
Liberados por orden de un juez de Control durante su audiencia de vinculación o no a proceso, los policías municipales habían sido detenidos inicialmente por presuntamente cometer los delitos de portación ilegal de armas de fuego, resistencia a particulares y usurpación de funciones.
En lo que va del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 17 recomendaciones dirigidas a la FGE, siete de las cuales son por hechos ocurridos durante la administración de Javier Corral.