Actualmente, dicho artículo constitucional establece que se debe tener la edad de 68 años para recibir este beneficio social de pensión, propiciando que los adultos con más de 60 años en México sufra múltiples obstáculos para ejercer sus derechos y tener acceso a servicios públicos de salud, seguridad social e infraestructura, narró Edgar Piñón Domínguez.
Detalló que cuatro de cada diez adultos mayores consideran que esta realidad obedece a una discriminación por su edad, «si seguimos atendiendo el mandato constitucional, no estamos evolucionando como país ante las necesidades presentadas y no hay justicia social para esta población vulnerable», señaló.
En el PRI apoyamos esta iniciativa y la impulsamos, convencidos de que se requiere en México para atender a un amplio sector de la sociedad a sabiendas que la implementación de una pensión universal requiere una planificación y administración financiera adecuada para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, puntualizó.
Es de destacar que dicha iniciativa se presentó el pasado 1 de septiembre en el congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional y busca reducir la brecha de desigualdad económica entre el 12% de la población de 60 años o más, y más ahora en que se proyecta una ampliación federal en el presupuesto del 2024 en los programas con reglas de operación, entre ellos el de pensión del Bienestar para Adultos Mayores.