Según el proyecto de reforma que será presentado por el Ejecutivo, se insistirá en la elección mediante voto popular de Ministros, Magistrados y jueces para junio de 2025. Cabe destacar que esta propuesta ya fue descartada por la Cámara de Diputados el año anterior.
Los candidatos serían propuestos por el Ejecutivo, el Congreso y el propio Poder Judicial, con 10 nombres por cada cargo a elegir.
Para la Corte, se contempla reducir el pleno de 11 a 9 integrantes, disminuir el periodo de los Ministros de 15 a 12 años y renovarlos en elecciones escalonadas cada tres años.
Entre las medidas más destacadas, se prohíbe a los miembros del Poder Judicial otorgar suspensiones generales en leyes controvertidas y se impondrán sanciones a los Ministros que no resuelvan asuntos fiscales en un plazo de seis meses.
Además, se propone separar las funciones de la presidencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Este último sería reemplazado por dos nuevas instituciones: un Tribunal de Disciplina Judicial encargado del control interno y otro dedicado a la administración del Poder Judicial.
El Tribunal de Disciplina sería responsable de sancionar a los juzgadores federales y tendría la facultad de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra Ministros de la Corte. Este órgano tendría la capacidad de investigar a funcionarios jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.
La reforma constitucional prohíbe el pago de haberes de retiro para los Ministros relevados del cargo y para los electos, aunque se garantiza la pensión vitalicia para aquellos que ya la disfrutan, como la senadora Olga Sánchez Cordero y el ex Ministro Arturo Zaldívar.
Asimismo, se establece la prohibición de que las remuneraciones de los Ministros, Magistrados y jueces de distrito sean mayores a las del Ejecutivo federal.
Esta propuesta surge como respuesta a las quejas del Ejecutivo contra Ministros y jueces que han revertido la aplicación de leyes prioritarias del Gobierno, como el caso más reciente de la Ley de la Industria Eléctrica.
López Obrador, quien ha criticado repetidamente al Poder Judicial, sostiene que esta reforma es necesaria para combatir la corrupción y la parcialidad, dando al nuevo Tribunal de Disciplina amplias atribuciones, incluso la capacidad de imponer sanciones penales a los miembros del Poder Judicial. Este nuevo órgano estaría compuesto por cinco miembros elegidos por la ciudadanía, con propuestas del Ejecutivo federal.