La iniciativa surge después de un análisis realizado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en respuesta a una propuesta presentada por la diputada Georgina Zapata. Se destaca que la nueva tecnología utilizada por las instituciones bancarias para la verificación de identidad y la captura de documentos de identificación ha generado una exclusión de facto de aquellas personas que no pueden registrar el biométrico si este no está en perfecto estado de salud.
La legisladora Magdalena Rentería Pérez, en representación de la Comisión, señaló que el método biométrico de escanear la huella dactilar es el más empleado en la actualidad, sin embargo, esta técnica presenta limitaciones para adultos mayores y personas con discapacidad debido a la adermatoglifia, una condición que impide la identificación por biometría dactilar y que puede originarse por diversas causas, como enfermedades dermatológicas o envejecimiento.
El problema se agrava porque las personas afectadas encuentran dificultades para abrir una cuenta bancaria y utilizarla posteriormente, ya que se requiere la utilización de datos biométricos como las huellas dactilares. Esto constituye una limitación injustificada de los derechos de las personas.
Dado que la regulación bancaria es competencia federal, se hace un llamado al Congreso de la Unión para que tome las medidas necesarias y adecue las normativas pertinentes. La propuesta incluye establecer que una institución de crédito no podrá negar la prestación de servicios a ninguna persona debido a su condición física, edad o discapacidad. Además, se hace hincapié en la necesidad de que estas reformas estén alineadas con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La iniciativa enviada al Congreso de la Unión busca asegurar la igualdad de acceso a los servicios bancarios para todas las personas, reconociendo la importancia de respetar y proteger los derechos humanos en el ámbito financiero.