Lo anterior, luego de una audiencia por videoconferencia de más de hora y media.
La jueza emitirá en breve su orden por escrito.
Duarte, preso desde el 8 de julio de 2020 en el Centro de Detención Federal en Miami, es requerido por Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.
La decisión de entregar a Duarte a México no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo por medio del Departamento de Estado, cuyo nuevo titular, Antony Blinken, fue confirmado hoy por el Senado.
Duarte puede apelar la certificación de la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente revocará el fallo de primera instancia.
Durante la audiencia, el Fiscal federal Jason Wu enfatizó la «corrupción impresionante» durante el sexenio de Duarte, y afirmó que la responsabilidad por los desvíos la debe enfrentar la persona que tenía el mando superior del Gobierno.
Sobre los alegatos de Duarte de que es víctima de persecución política por su sucesor, el panista Javier Corral, y de que éste ha presionado a testigos, el Fiscal consideró que ese tema es propio de la defensa que tendrá que hacer en Chihuahua, pero no de un proceso de extradición, en el que no se está juzgando al acusado.
La intervención del Fiscal se centró en convencer a la jueza de que existe causa probable sobre la responsabilidad de Duarte, porque tenía capacidad de mando para disponer de los recursos, porque estos fueron desviados de su propósito, y porque los montos fueron superiores a 500 días de salario mínimo, previstos en el Código Penal de Chihuahua para el peculado agravado.
Wu detalló algunas de las transacciones y los testimonios de ex colaboradores de Duarte, quienes señalaron que el entonces Gobernador fue quien las autorizó, por lo que consideró que no solo hay evidencia circunstancial sobre la conducta del acusado, sino evidencia directa que lo involucra.
Recordó, por ejemplo, la transferencia de 5.5 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a la Unión Ganadera Regional División del Norte, de la que Duarte era accionista mayoritario, en noviembre de 2014.
Oficialmente, el dinero era para subsidiar la compra de granos para alimentar el ganado de productores locales, pero 3.1 millones de pesos fueron usados en abril por Duarte para pagar sus impuestos al SAT, según análisis forenses.
La jueza preguntó si la aparente retractación difundida la semana pasada del testimonio de Jaime Herrera, uno de los ex secretarios de Finanzas que declaró contra Duarte, tendría impacto sobre la causa probable, lo que rechazó la Fiscalía, pues hay varios testigos.
«En muchos casos (Duarte) demandó que el dinero fuera transferido de inmediato del fondo de emergencias de Chihuahua… y meses después se creaban contratos falsos para justificar la operación», dijo el Fiscal quien destacó el papel de Carlos Hermosillo Artega como principal operador de Duarte.
Wu dijo varias veces que los montos eran en dólares, pero la solicitud de extradición y otros documentos indican que son pesos.
Juan Morillo, abogado de Duarte, trato de convencer a la jueza de que la retractación de Herrera sí era crucial para probar que el Gobierno de Corral intimidó a los testigos contra Duarte.
El litigante destacó que el tema no es la credibilidad de los testigos, sino la forma en que la Fiscalía de Chihuahua obtuvo sus declaraciones, que no son confiables.
Wu calificó esta postura como «un clásico ataque a la credibilidad de los testigos», cuestión que no se debe analizar en una extradición. La jueza estuvo de acuerdo.
La audiencia inició casi media hora tarde por problemas para conectar la videoconferencia por Zoom con el centro de detención.