De acuerdo con los datos, las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos también aumentaron 255 por ciento, mientras que los reportes de robo y falsificación de medicamentos aumentaron en 800 por ciento de 2018 a 2022.
El informe elaborado por Cero Desabasto indica que en 2017 se interpusieron 229 juicios de amparo y, en 2022, mil 602.
Frida Romay, vocera de esa organización, destacó que esto refleja la punta del iceberg.
«Quienes pueden promover un amparo lastimosamente no son todas las personas; el acceso a la justicia está limitado a unos cuantos y no es tan sencillo darle continuidad a este tipo de procedimientos», precisó durante la presentación del informe.
«Las personas que buscan asegurar su derecho a la salud a menudo agotan todas las opciones institucionales disponibles para recibir los medicamentos, suministros y vacunas que les corresponden por derecho».
Como resultado, añadió, recurren al asesoramiento legal para obtener un acceso efectivo y gratuito al tratamiento y atención médica que deberían recibir a través del subsistema al que están afiliados.
«No importa a qué institución pertenezcan, todas las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la salud de todas y todos. Una de las opciones legales que las y los pacientes pueden seguir es presentar un amparo», detalla el informe.