Según los resultados, su sistema fiscal y financiero mejoró ligeramente y tiene más candados para que no se oculten operaciones que violan el Estado de Derecho, así como legislaciones de otras naciones.
En 2020, se ubicaba en el lugar 80 de 133 países de dicho índice, donde el primer lugar es el país que mayor espacio deja para el secreto financiero.
Según el índice, que se publica cada dos años y es realizado por la Red por la Justicia Fiscal y cuatro organizaciones globales, para 2022, en su tercera edición, el País se colocó en la posición 82, un avance de dos sitios.
De una calificación de 100 puntos -donde cero significa ningún margen para el secreto financiero y 100 es un margen ilimitado- a partir de la evaluación de 20 indicadores, el País obtuvo 53 puntos.
Esta calificación está ligeramente por arriba del 52.7 por ciento que obtuvo dos años atrás.
En primer lugar se posicionó Estados Unidos con una puntuación de 67 puntos.
El puntaje combinado con el peso en una escala mundial de cada país determina el lugar que ocupa cada uno, y cuanto más se utiliza una jurisdicción por no residentes, mayor es su peso.
Estados Unidos es responsable del 5.74 por ciento de los riesgos de secreto financiero de todo el mundo, mientras que México solamente es responsable del 0.41 por ciento.
El índice contempla leyes y políticas de un país que facilita o no impide ocultar las finanzas privadas, y mientras más políticas de este tipo hay, más alta es la puntuación de secreto financiero.
Uno de los indicadores considerados es el del secreto bancario que evalúa si una jurisdicción facilita el secreto financiero.
Mide tres áreas importantes: el alcance y la extensión de la información que los bancos deben recopilar y declarar, el grado de accesibilidad de los datos para las autoridades competentes y si hay consecuencias (como penas de prisión) por la violación del secreto bancario.
En dicho indicador, México obtuvo 51 puntos de 100 posibles, una ligera mejoría respecto a los 50 que obtuvo dos años atrás.
Además, obtuvo 100 puntos en el indicador que evalúa si una jurisdicción requiere que todas las empresas, una vez constituidas, presenten información jurídica o sobre el beneficiario final a la correspondiente autoridad gubernamental y la mantengan actualizada.