Este 11 de agosto dieron a conocer medios nacionales el acuerdo emitido por el ministro Luis María Aguilar:
«Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente».
Esto quiere decir que la entrega de nuevos libros de la SEP queda detenida en el estado de Chihuahua de manera temporal, lo cual podría quedar definido cuando la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional del gobierno de Maru Campos contra la distribución de textos.
El 4 de agosto la consejera Jurídica del Estado de Chihuahua, Yadira Anette Gramer Quiñónez, envió una demanda de controversia constitucional contra la SEP y varios funcionarios.
La demanda argumenta violaciones a la Ley General de Educación y por extensión a la Constitución. La gobernadora Maru Campos explicó recientemente que la SEP elaboró los libros sin considerar y sin consultar a los Estados y a los padres de familia, lo cual es una obligación para elaborar contenidos educativos.
Esta semana la gobernadora de Chihuahua notificó que el ministerio Aguilar llevaría el proyecto ante la Suprema Corte para su evaluación.
- Chihuahua es el único gobierno estatal que ha impugnado la entrega de libros.
- Además la gobernadora Maru Campos Galván ordenó la semana pasada detener la entrega de libros de la SEP por los amparos de padres de familia organizados donde un juez ordenó suspender la entrega a nivel nacional.
- Hay seis estados que podrían no distribuir los libros.
- Si la Suprema Corte le da la razón a Chihuahua, a nivel nacional se caería la entrega total de los libros.
- En el estado de Chihuahua prevén iniciar clases el 18 de agosto con libros propios con contenido del ciclo anterior y con cuadernillos de refuerzo para matemáticas, español y otras materias hechos por expertos locales.
- La demanda es contra la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez; y contra sus subalternos que son titulares de Educación Básica, de la Dirección de Materiales Educativos, de la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg), de la Dirección de Educación Superior para el Magisterio, de la Dirección de Formación Contínua a Docentes y Directivos y de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.