“Es crimen autorizado porque no puede funcionar sin el apoyo, consentimiento y complicidad de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal”, dijo el jurista, quien apoyó a los hijos de Marisela Escobedo para que obtener asilo político en Estados Unidos tras la ejecución de su madre.
Consideró que las organizaciones delictivas lideradas por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes, quienes en ese momento se disputaban la plaza de Ciudad Juárez, estaban enteradas de que Escobedo iba a morir.
El artero homicidio de Marisela Escobedo, masacrada el 16 de diciembre de 2010 en la ciudad de Chihuahua, marca esa conexión que han mantenido durante décadas los gobernantes en turno con los cárteles de la droga, dijo Spector.
El concepto de “crimen autorizado” da título a un libro del académico y escritor Samuel Schmidt –con amplia presencia y trayectoria en la frontera– el cual fue presentado hace unos días a través de redes sociales con la participación de Spector.
El volumen aborda desde un fundamento teórico la relación delictiva entre el gobierno y los integrantes del crimen organizado que ha desencadenado en la impunidad y muerte de víctimas inocentes en México.
El peregrinar de Escobedo inició en agosto de 2008 cuando su hija Marisol Rubí, de 17 años de edad, fue asesinada por su propia pareja sentimental Sergio Rafael Barraza, en hechos ocurridos en Ciudad Juárez y quien años después se uniera al grupo delictivo Los Zetas.
Posteriormente, ante la liberación del presunto asesino por falta de evidencias, Marisela Escobedo lanzó una cruzada. Primero ubicó a Barraza en Zacatecas, sin ayuda de las autoridades. Posteriormente montó un plantón afuera del Palacio de Gobierno Estatal en Chihuahua, para que las autoridades le otorgaran justicia.
Fue ahí, en el centro del poder político estatal, donde un gatillero asesinó a Marisela pese a la vigilancia de cámaras de video que captaron el momento en que perdió la vida. El presunto asesino de Escobedo falleció después en condiciones dudosas en una cárcel chihuahuense.
Spector adoptó el concepto de “crimen autorizado” en 2011 luego de que hiciera un análisis de la situación de los centroamericanos que cruzan la frontera mexicana.
«Pregunté a un amigo que pasa con el crimen organizado aquí y me dijo: ‘Mira tonto: no es crimen organizado es crimen autorizado’…, y lo volví a escuchar una semana después de parte de dos mujeres hondureñas al hablar del tren de carga denominado la ‘Bestia’, en el estado sureño de Chiapas utilizado por los miles de migrantes”, dijo el abogado.
Agregó que el término es una forma muy sencilla de hablar con la gente. La gente lo sabía y entendía, sobre todo de quienes huyen del crimen organizado del estado sin titubear y la mayoría tiene miedo.
Añadió que su uso es para explicar la realidad de una manera sencilla entre la relación entre el gobierno y criminalidad sea institucional, estructural o una situación fallida visto por los casos que ha manejado con el escritor y su amigo de muchos años.
«Tuve la suerte de haber colaborado con Samuel Schmidt para ayudar a dar vida al concepto de delito autorizado, que he utilizado política y legalmente durante varios años simplemente como un marco guía para representar a los solicitantes de asilo político», dijo Spector, dirigente de la organización ‘Mexicanos en Exilio’.
Sin embargo, agregó, no fue hasta que Samuel lo convirtió en una herramienta teórica útil no solo para comprender la profunda relación institucional entre el estado mexicano y el crimen, sino también para representar a los mexicanos que huían de su país en tribunales de inmigración increíblemente hostiles.
«Para mí no es llegar a una solución sino llegar a una explicación… para los casos de asilo político que se ventilan ante los jueces de migración”, consideró.
Historias de asilo
El abogado en migración, dijo que durante los últimos años ha representado con éxito a los hijos de Marisela en los procedimientos para obtener asilo político en Estados Unidos, entre ellos el de Juan Fraire Escobedo, portavoz de la familia.
Tanto para Spector como para Schmidt, el caso de Marisela es un caso ejemplar icónico sobre el crimen autorizado. Muestra la transformación de una mujer empresaria destacada que tuvo que convertirse en activista para poder descubrir al asesino de su hija.
«…Descubrirlo, encontrarlo, que el estado libere al culpable, aún cuando este le acepta la culpabilidad en el juzgado y posteriormente volverlo a encontrar y enfrentarse a que el estado se cruza de brazos hasta que ella es asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno», dijo Schmidt en la presentación virtual del libro.
Según el relato el supuesto asesino de Rubí –Sergio Barraza– fue encarcelado y liberado luego de que denunciara que fue torturado en la cárcel para que se declarara culpable. Tiempo después fue encontrado muerto durante un enfrentamiento con militares en Zacatecas, México por lo que la Fiscalía del Estado da por cerrado el expediente.