El INPE alertó que poco más de la mitad de los incendios registrados se reportaron en la Amazonia, la mayor selva tropical del mundo.
El número de focos de fuego en lo que va de este año es en un 83 por ciento superior al del mismo período de 2018, conforme a los datos divulgados por el INPE, que contabiliza los incendios con la ayuda de imágenes de satélite.
Según los cálculos del organismo, de los focos de incendio registrados hasta el 18 de agosto, 38 mil 228, es decir el 52.5 por ciento, fueron detectados en estados de la Amazonia.
El 30.1 por ciento de los focos (21 mil 942) se registró en el Cerrado, como es conocida la sabana brasileña y que cerca la Amazonia, y el 10.9 por ciento (7 mil 943) en el Bosque Atlántico, la región boscosa que bordea la mayor parte del litoral del país.
El estado más afectado, con 13 mil 641 focos, es el de Mato Grosso, que se extiende por gran parte de la Amazonia.
EMERGENCIA AMBIENTAL
La extensión de los incendios en la región ha obligado a algunos estados amazónicos, como Amazonas y Acre, a declarar situación de emergencia o alerta ambiental debido a que la humareda multiplica las enfermedades respiratorias y afecta hasta el tránsito aéreo.
El pasado lunes parte de los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, así como Sao Paulo, la mayor ciudad del país, fueron afectados por la extensión de una intensa humareda procedente de los incendios y que prácticamente acortó el día debido al oscurecimiento prematuro.
De acuerdo con el INPE, los focos de incendio tan solo en la última semana han afectado 68 áreas protegidas por ser reservas ambientales o indígenas principalmente en la Amazonia.
El Parque Nacional de la Chapada dos Guimaraes, en Mato Grosso, ya perdió el 12 por ciento de su vegetación, mientras que la cobertura vegetal en la Reserva Indígena Parque do Araguaia, igualmente en el estado amazónico de Tocantins, ha sido diezmada por el fuego.
La organización no gubernamental Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonia (Ipam), en un comunicado en el que se refirió al aumento de los incendios, asoció el crecimiento de los focos de fuego a la deforestación promovida por hacendados.
El número de focos de calor registrado en la Amazonia ya es en un 60 por ciento superior al de los últimos tres años y ese pico tiene relación con la deforestación y no con una sequía más fuerte como podría suponerse», denunció la organización.
Si la sequía no explica los actuales incendios, la retomada de la deforestación de la selva sí lo hace. El fuego es normalmente usado (por colonos y hacendados) para limpiar el terreno después de la deforestación», agregó el Ipam en su comunicado.
PRESIDENTE INDOLENTE
De acuerdo con la organización, los incendios provocados por agricultores y criadores de ganado pueden salir del control.
La divulgación del fuerte aumento de los incendios en la Amazonia y de su posible relación con la deforestación promovida por hacendados se produce en momentos en que Brasil es blanco de críticas por las políticas medioambientales flexibles del actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
De acuerdo con un informe del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que desde hace 28 años estudia la región, la tasa de deforestación en la selva brasileña creció un 66 por ciento en julio pasado, aunque ese porcentaje llega al 278 por ciento según las proyecciones del INPE.
El aumento de tala de árboles en el pulmón verde del planeta ha llevado a Noruega y Alemania a suspender partidas destinadas al Fondo Amazonia, dedicado a la protección ambiental en Brasil y del que ambos países son los principales patrocinadores.
Tras las críticas recibidas, Bolsonaro insistió en defender la «soberanía» de Brasil sobre la Amazonia, mandó a la canciller Ángela Merkel a usar los fondos para «reforestar Alemania» y reprochó a Noruega por «matar ballenas» y «extraer petróleo del Polo Norte».
Desde que llegó al poder, el pasado 1 de enero, Bolsonaro ha propuesto un giro radical en política medioambiental, que pasa por la defensa de la explotación de la selva tropical, la legalización de la minería en las reservas indígenas y la reducción de la fiscalización en áreas protegidas.