La revisión de los reclamos revelan docenas de casos en los que familias separadas en la frontera, como parte de la política de «tolerancia cero» de la Administración Trump en 2018, ahora se preparan para demandar el Gobierno federal por los abusos sexuales, físicos y emocionales sufridos por sus hijos bajo su custodia.
Cerca de 3 mil niños migrantes fueron separados de sus padres cuando fueron detenidos intentando cruzar la frontera, por lo que las demandas podrían crecer en las próximas semanas.
«Cómo es posible que mi hijo estuviera sufriendo estas cosas (…) Mi hijo es pequeño y no pudo defenderse», reveló un activista guatemalteco cuyo hijo fue abusado sexualmente durante su detención en un centro de migrantes en Georgia luego de ser separados cuando cruzaban el desierto de Arizona.
Mientras tanto, migrantes deportados a sus países de origen en Centroamérica y algunas de sus familias desde EU, ya preparan acciones contra el Gobierno de Trump gracias a la representación de clínicas de migración y grupos sin fines de lucro.
Junto con firmas de poderosos abogados en el país, los migrantes están tomando acciones bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA) como precursor de la presentación de demandas.
La FTCA permite a las personas que sufren daños como resultado directo de los empleados federales demandar al Gobierno.
Se calcula que el Gobierno federal podría enfrentarse a demandas cercanas a un valor de 200 millones de dólares en daños y perjuicios.
La Administración Trump tiene seis meses para resolver los reclamos de los migrantes desde el momento en el que presentan la medida. Después de eso, los demandantes pueden presentar demandas federales.
En un comunicado, el Departamento de Salud, la agencia responsable del cuidado de los niños migrantes, dijo que no responde a los litigios pendientes y que sirve a los niños de manera compasiva y organizada a través de su Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
El año pasado, la oficina atendió a casi 50 mil niños que cruzaron la frontera por sí mismos, así como a niños que fueron separados de sus familias bajo la política de tolerancia cero.
La agencia los alojó en programas de acogida, refugios residenciales y campos de detención en todo el país, a veces haciendo ubicaciones diarias de hasta 500 recién llegados, desde bebés hasta adolescentes.