Durante su intervención, Manque Granados explicó que la reforma al Artículo 42, y otras disposiciones legales, permiten al gobierno tomar control de los más de $2 billones acumulados en las subcuentas de vivienda de los trabajadores.
Este dinero, que ha sido administrado bajo un esquema tripartito —con representación de trabajadores, empleadores y el gobierno—, ahora será gestionado de manera discrecional, dejando al gobierno con mayoría absoluta en los órganos de supervisión, como la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia.
Las principales modificaciones incluyen:
1. Artículo 17: Se altera la composición de la Comisión de Vigilancia, pasando de un esquema tripartito (3 representantes del gobierno, 3 de los trabajadores y 3 de la sociedad) a uno dominado por el gobierno (5 representantes gubernamentales, 2 de los trabajadores y 2 de la sociedad).
2. Artículo 18 Bis: El Comité de Auditoría, encargado de supervisar el correcto uso de los recursos, también quedará bajo el control mayoritario del gobierno.
3. Comité de Transparencia: Este organismo, crucial para garantizar la claridad en la administración de los ahorros, perderá su composición tripartita, otorgando nuevamente mayoría al gobierno.
4. Pérdida de las facultades de observancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que actualmente revisa el uso adecuado de los recursos del Infonavit.
Granados subrayó que, aunque no se oponen a la construcción de vivienda para quienes más lo necesitan, resulta preocupante que estos proyectos sean financiados a costa de los ahorros de los trabajadores, acumulados a lo largo de toda su vida laboral, los cuales, además, serán administrados por Octavio Romero Oropeza, responsable del quiebre de PEMEX.
Por su parte, Rocío González calificó esta medida como «el robo y el atraco más grande en la historia de México», recordando precedentes en los que recursos públicos, como los fideicomisos y fondos de pensiones, han sido mal utilizados.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha propuesto realizar un Parlamento Abierto para que las voces de los trabajadores, empleadores y expertos sean escuchadas antes de que esta reforma se someta a votación. La sesión extraordinaria, inicialmente prevista para esta semana, fue aplazada hasta enero debido a la presión de sindicatos y organismos empresariales.
Manque Granados y Rocío González hacen un llamado a la ciudadanía, sindicatos y representantes del sector privado a mantenerse vigilantes y a unirse en defensa de los ahorros de los trabajadores. «Es momento de actuar para frenar este atropello. No podemos permitir que se roben el dinero de las familias mexicanas», concluyeron.