La cancillería guatemalteca apuntó en un comunicado que, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se han registrado incidentes que afectan especialmente a poblaciones migrantes en esta región y a otros visitantes que en algunos casos han enfrentado situaciones que vulneran sus derechos.
«Por ello, el Minex recomienda total precaución de tener que pasar por esas áreas de riesgo», señaló.
En colaboración con el gobierno de México, indicó la cancillería guatemalteca, se trabaja activamente en un grupo binacional para fortalecer seguridad fronteriza en esa zona y proteger los derechos de las personas.
«Ambas naciones comparte el compromiso de hacer frente a los desafíos planteados por la presencia de grupos delictivos en la región, priorizando medidas que promuevan la seguridad y el bienestar de las comunidades», agregó.
En julio pasado, menos de 600 pobladores de 235 familias, abandonaron sus hogares en Chiapas y llegaron a Guatemala para esquivar la violencia provocada por la guerra entre los grupos criminales ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS).
Los pobladores huyeron de casos como el ocurrido el 20 de julio, cuando en la Región Sierra, colindante con esta frontera, se bloquearon carreteras, y se atacaron autos con explosivos, drones, y vehículos blindados artesanalmente (conocidos como monstruos), lo que provocó la muerte de un poblador y dejó a varios heridos.
La alerta de Guatemala también se emite en medio de la salida de diversas caravanas de migrantes que parten de Tapachula hacia Estados Unidos.
Relaciones Exteriores de Guatemala dijo que continuará los esfuerzos para brindar apoyo a los connacionales que lo requieran, «reafirmando su compromiso con una migración segura, ordenada y regular».
Hace unas semanas, el líder de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, dijo a REFORMA que dos de los peligros que enfrentan las personas en tránsito son los secuestros y la extorsión de grupos delictivos, como el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el activista, las asociaciones delictivas cobran «permisos» de entre 700 y 2 mil dólares a cambio de que se les permita continuar su paso por México.
Estimó que entre el 70 y 80 por ciento de los migrantes que atraviesan por México son obligados a pagar dichas cuotas.