Ciudad Juárez— Cada Estado debe definir su propia política migratoria, pero la realidad es que la agenda del estado mexicano está a expensas de Estados Unidos, y ejemplos de ello han sido los programas de retorno y expulsión de miles de migrantes por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden, señaló la coordinadora de la maestría en Migración Internacional de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), María Inés Barrios de la O.

Dichas políticas han convertido a México en un país de espera o de atrapamiento de migrantes, debido a las políticas más restrictivas de Estados Unidos, señaló la investigadora durante su presentación denominada “Emergencia migratoria en México”, a través de la revista Nóesis, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Históricamente ha sido considerado como un país de origen, debido a que el 10 por ciento de los mexicanos son migrantes en otros países, y cerca del 1 por ciento de los habitantes de este país son migrantes, el 70 por ciento de ellos de origen estadounidense.

Debido a su ubicación geográfica y a que Estados Unidos es el primer país en el mundo atractor de migrantes, México es un país de tránsito y cada vez es más un país de retorno, ya que existen más de 12 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, y muchos de ellos están regresando de manera voluntaria o involuntaria, a través de las deportaciones.

Barrios de la O, recordó que la migración se vio agudizada en mayo de 2016 con el flujo haitiano a Tijuana, quienes llegaron en busca de un estatus de protección temporal en Estados Unidos (bajo el programa TPS), el cual fue eliminado por Estados Unidos cuando venían en camino, lo que los hizo quedarse varados en la frontera mexicana.

“Los procesos migratorios están cambiando, y se puede ver a partir de la movilidad masiva de personas. Los flujos migratorios también están cambiando, antes siempre era en dirección de sur a norte; sin embargo, cada vez son más visibles los flujos migratorios sur-sur, por una movilidad forzada, no necesariamente por economía, sino para resguardar su seguridad física y de sus familiares, por persecuciones políticas, delincuencia o desastres naturales”, apuntó.

Destacó que también existen muchos migrantes mexicanos que están saliendo de sus lugares de origen por contextos de alta violencia ligada al crimen organizado y al narcomenudeo. Se trata de personas desplazadas forzadas internas que se vuelven solicitantes de protección internacional, de entidades como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, y que se encuentran atrapadas en la frontera Norte como Ciudad Juárez.

Dijo que se estima que en México se han presentado más de 357 mil desplazamientos asociados principalmente con el crimen organizado y el narcomenudeo en los últimos años.

Las caravanas migrantes no son nuevas, pero sí han presentado situaciones novedosas de movilidad, en volumen, forma de ingreso, mayor visibilidad y en cuanto a características de la población.

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo una política, el programa Frontera Sur, de contención, detención y deportación. Con el cambio del gobierno federal, y debido a los discursos de Andrés Manuel López Obrador, se esperaba una nueva política migratoria que respetara los derechos humanos de los migrantes; sin embargo, la realidad es que solamente se quedó en el discurso porque continúa una política migratoria de Contención, detención y deportación, destacó Barrios de la O.

Dijo que en 2013 las solicitudes de protección internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no rebasaban los 3 mil casos, pero desde 2019 incrementaron a 70 mil 426 personas, en 2020 sumaron 42 mil 133 y de enero a junio de 2021 sumaron 51 mil 654 solicitudes a la condición de refugio en México.

Los solicitantes son principalmente oriundos de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Cuba, Venezuela, Haití, Colombia , Brasil, Camerún, Nicaragua y Chile, entre otros países.

A finales de 2018 no llegaron a Ciudad Juárez las caravanas, pero sí hubo un flujo constante de personas, y esta frontera agrupó la mayor cantidad de solicitantes de refugio internacional.

En enero de 2019 comenzó el programa “Permanecer en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), el cual comenzó en marzo de ese mismo año en Ciudad Juárez y culminó en febrero de 2021, bajo la administración de Joe Biden, después de  71 mil 039 casos de migrantes que fueron enviados a las fronteras mexicanas, principalmente a esta ciudad, con hasta seis citas con un juez de migración.

Con la llegada de la pandemia por Covid-19 se dio el cierre parcial de las fronteras, se presentaron contextos de inmovilidad incluso dentro de los propios espacios de atención, y apareció una mayor incertidumbre en las personas migrantes.

A la par, Estados Unidos comienza la expulsión exprés de personas bajo el Título 42, bajo el argumento de que significan un riesgo para la salud pública de su país. Y desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021 sumaron un millón 163 mil 582 expulsiones a México.

El Título 42 significa la negación al derecho de asilo; la alta circularidad, ya que cruzan por Del Rio y son expulsados por esta frontera; y que cada vez presentan mayores porcentajes de contagio de Covid-19.

La investigadora de El Colef, destacó además que cada vez existe una mayor presencia del crimen organizado, a través del tráfico de personas, y muestra de ello son las casas de seguridad con cientos de migrantes que han sido descubiertas en esta frontera.

“La migración es cada vez una realidad global ineludible, con nuevos escenarios de movilidad  que se enmarcan por un entroncamiento de factores de expulsión como el Covid-19, las crisis políticas y económicas y las catástrofes naturales”, apuntó.

Barrios de la O, destacó también que las tasas de aceptación de asilo en Estados Unidos son muy bajas para los mexicanos, ya que solamente el 3 por ciento tienen un caso afirmativo. Y ante la negación, muchos de ellos son retornados a México y únicamente se quedan como deportados ante las autoridades, para quienes entre las diferentes categorías migratorias se van desdibujando las responsabilidades.

“Es importante cambar el enfoque de la policía migratoria en México, comprender y visibilizarnos como un país de destino.  No solamente de otorgar documentos, sino verlos de una forma integral y generar procesos de integración”, apuntó.

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