Este día, Estados Unidos y Canadá señalaron que la política energética de la Administración de López Obrador viola varios artículos del tratado comercial y es «inconsistente» a las obligaciones acordadas en el T-MEC.
«El motivo son las acciones de política pública y regulatorias del Estado mexicano que han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). Al respecto, Canadá señaló que apoya la solicitud de Estados Unidos y que lanzará sus propias consultas para abordar el tema.
«El gobierno estadounidense reclama que la política energética de la actual Administración, desplegada a partir de 2019, viola las disciplinas a las que el Estado mexicano se comprometió en el T-MEC, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado», explicó el Imco.
Aseguró que para evitar un conflicto es indispensable que México cumpla a la letra lo establecido en el T-MEC.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) reclama situaciones como el cambio en el orden de despacho eléctrico para beneficiar a las centrales de la CFE sobre los generadores privados, establecido en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021.
También se incluyen la revocación y el rechazo de nuevos permisos de generación eléctrica y almacenamiento de petrolíferos, así como las restricciones a la operación de estaciones de servicio e importación de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener).
Además, cuestiona la regulación de diciembre de 2019 que extiende el plazo únicamente a Pemex para cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diesel automotriz.
Sucedió lo mismo con el más reciente oficio de junio de 2022 de la Sener al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y a la CRE para obligar a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a comprarle el hidrocarburo a las filiales de la CFE y Pemex.
Al respecto, Ernesto O´Farrill, presidente de la Comisión de Análisis Económico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), señaló que la disputa sobre políticas energéticas generará mayor incertidumbre al ambiente de negocios, lo que asu vez daña la confianza de los inversionistas.
Consideró que México podría ser acreedor de sanciones o aranceles en los productos que exporta para compensar, según las reglas del T-MEC, el impacto negativo que tendrían las empresas estadounidenses en materia energética.
¿Qué es el proceso de consultas?
Las consultas son una serie de diálogos en la que las partes buscarán un común acuerdo, en caso de no lograrlo, los solicitantes -en este caso Estados Unidos y Canadá- pasarían al establecimiento de un panel de solución de controversias.
El proceso de las consultas tiene una duración máxima de 75 días en los que se busca solucionar la disputa,
Si en el periodo de consultas no se alcanza un acuerdo, se podrá solicitar un panel de solución de controversias, el cual estaría integrado por tres o cinco panelistas elegidos a partir de una lista pre aprobada por los tres países miembros del T-MEC.
Una vez definidos los integrantes, el panel tendrá un plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días para presentar el reporte final, dependiendo del cual los países acordarán una solución a la controversia.
Durante el proceso de solución de la controversia energética, la Secretaría de Economía (SE) será la encargada de coordinar la defensa del Estado mexicano.