Así lo destacó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en un análisis sobre los riesgos por las reformas constituciones sobre los acuerdos comerciales con los principales socios.
«Los cambios derivados de la nueva reforma ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, ya que la elección popular de los cargos implica la partidización de procesos previamente regidos por criterios técnicos y objetivos», alertó.
Indicó que si bien el T-MEC, no incluye especificaciones sobre la estructura del sistema judicial de cada socio, sí exige imparcialidad e independencia en los diferentes capítulos como los relativos a inversión, laboral, publicación y administración.
Puso como ejemplo el caso de procesos penales, administrativos o civiles donde se solicita un trato justo y equitativo para los inversionistas, según los estándares internacionales de sistemas legales.
«La reforma al Poder Judicial ya fue publicada y su implementación está en proceso. Sin embargo, en la discusión y modificación de otras reformas constitucionales propuestas que no han sido aprobadas, es prudente considerar los potenciales impactos sobre la competitividad del país y la estabilidad de sus relaciones comerciales», indicó.
Sobre el resto de las reformas, que incluye la desaparición de siete organismos autónomos, el Imco consideró que de aprobarse la medida el mensaje reflejaría una mayor concentración de poder en el Poder Ejecutivo y menor rendición de cuentas, especialmente en decisiones clave.
«Independientemente de los conflictos con el T-MEC, la eliminación de organismos autónomos con responsabilidades regulatorias y de evaluación tendría implicaciones negativas para la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos a los poderes públicos en México, elementos cruciales para la competitividad y la certeza jurídica del país», señaló.
De acuerdo con lo establecido en el T-MEC, en materia de telecomunicaciones, los tres países garantizaron la existencia de un organismo regulador independiente, imparcial que no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos.
Se requiere de un organismo de competencia que aplique las leyes nacionales sin importar la procedencia de cada empresa.
De acuerdo con el paquete de reforma anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado se prevé la desaparición de los organismos reguladores en Telecomunicaciones (IFT), en competencia (Cofece), en energía (CRE, CNH), de evaluación (Coneval) y de transparencia (INAI).