La acusación indica que el congresista aceptó 600 mil dólares de ambas entidades extranjeras para EE.UU. a cambio de utilizar su posición política para influir a favor de Banco Azteca, con sede en la Ciudad de México.
En 2022, la casa de Cuellar, en la ciudad de Laredo, fue cateada por el FBI respecto a una investigación sobre una empresa de petróleo y gas estatal de Azerbaiyán.
El viernes, él y su esposa comparecieron ante la juez federal Dena Palermo en Houston.
Presuntamente, estos pagos supuestamente se blanquearon en virtud de contratos de consultoría ficticios a través de una serie de empresas pantalla e intermediarios en compañías fantasma propiedad de Imelda Cuellar.
El matrimonio acumula dos acusaciones por cargos de conspiración para cometer soborno, dos cargos de soborno de un funcionario federal, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de violación de la prohibición de que los funcionarios públicos actúen como agentes de un mandatario extranjero.
A esto se suma un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de blanqueo de capitales y cinco cargos de blanqueo de capitales. Entre los dos, y teniendo en cuenta todos los cargos, se enfrentarían a una pena máxima de 204 años de cárcel.
El representante del distrito número 28 de Texas aseguró que va a continuar con su candidatura para la reelección en noviembre.