La ex funcionaria acudió este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Desde hace un par de años, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol ha litigado con este planteamiento en los tribunales, con la finalidad de que sea cancelado el trámite de su procedimiento penal.
Su último intento fue en una audiencia del 4 de febrero del año pasado, cuando el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos rechazó cancelar el proceso con base en dicho argumento.
Robles litigó contra ese fallo y fue con el amparo concedido por el colegiado que consiguió que se ordenara una nueva audiencia de debate, ya que en la de hace un año el juez no analizó ni respondió todo su planteamiento.
El razonamiento con el que Robles pretende la cancelación de su proceso, consiste en que la conducta penal que le atribuyen es un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no un delito.
Y lo justifica por el hecho de que el artículo segundo transitorio esta Ley, publicada en 2006, dice que todas las disposiciones que se opongan a sus lineamientos quedarán derogadas y, justamente, su artículo 114 señala el ilícito atribuido a Robles.
En el amparo que presentó contra el fallo adverso de febrero de 2022, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda rechazó concederle la razón a la ex funcionaria porque, en su opinión, la norma penal no está subordinada a la ley presupuestal.
En este proceso, Robles está acusada de haber sido omisa ante los desvíos de más de 5 mil 73 millones 350 mil 846 pesos que cometieron sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol, en el caso de la Estafa Maestra.
La Fiscalía General de la República ya pidió que la condenen a 21 años de prisión por esta acusación.
La ex secretaria de Estado salió del el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, el pasado 19 de agosto, tras conseguir la libertad provisional bajo condiciones como la prohibición de salir del país y presentarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
Tiene pendiente otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, el primero de ellos un delito con prisión preventiva de oficio.
Extrañamente, la FGR no le ha querido ejecutar este mandamiento de captura, pese a no tener un impedimento legal.