El Gobierno Federal abrió la bolsa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para entregar al Estado de Chihuahua 343 millones de pesos, con un incremento conforme a la inflación.

Publicó este 9 de abril el Diario Oficial de la Federación (DOF) el convenio firmado con el Gobierno del Estado de Chihuahua para entregar recursos correspondientes al FASP del 2024.

El convenio establece que Chihuahua “recibirá la cantidad de $343,061,562” del FASP para el 2024, cifra que es 4.82% superior a la del 2023, moderadamente superior a la inflación anual que en 2023 fue de 4.66%.

Como cada año, el Estado de Chihuahua se compromete a aplicar en materia de seguridad una parte, que este año ascenderá a $113,210,315.46.

En resumen, la Federación aporta el 75% y el Estado el 25% de los recursos que usarán para los programas de seguridad pública que contempla el FASP.

De modo que en total harán un financiamiento conjunto por hasta $456,271,877.46.

El documento firmado por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el chihuahuense Fernando Bedel Tiscareño Luján al frente como encargado del despacho; así como por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, y sus secretarios General de Gobierno, Santiago de la Peña; de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez; de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Martín Blanco López; y el fiscal general César Jáuregui Moreno.

¿Para qué sirve el FASP?

Es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, todos los estados y la Ciudad de México reciben transferencias de una bolsa del Gobierno Federal para cumplir estrategias nacionales en materia de seguridad pública.

Actualmente son diez los programas que ejecutan los gobiernos a través del FASP:

  1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
  2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
  3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
  4. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
  5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.
  6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
  7. Sistema nacional de información para la seguridad pública.
  8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
  9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
  10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.

El convenio.

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