El exlíder del cártel del Pacífico fue condenado el pasado 17 de julio a cadena perpetua más 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York quien lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas.
De acuerdo con su defensor, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14.000 millones de dólares que forman parte de sus bienes por lo que desea que estos sean dados a los pueblos originarios, una alusión a las comunidades indígenas.
El Chapo «dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos», aseveró González Meza en conferencia de prensa.
La declaración se da luego de que en el Senado se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante, así como de cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.
Sobre la posible repatriación a México del capo, ahora ingresado en una cárcel de máxima seguridad en Denver, Colorado, su apoderado judicial Juan Pablo Badillo Soto indicó que el juicio no es válido porque no fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York «donde nunca fue requerido».
Según Soto los documentos de extradición señalan que «si el imputado no es puesto a disposición de las autoridades que lo reclaman en los primeros 60 días, será puesto en libertad inmediatamente».
Los defensores criticaron las condiciones inhumanas en la que vive Guzmán y amagaron con revelar los nombres de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que están «poniendo trabas» en el proceso de repatriación del dinero y de su cliente.