Manuel fue sentenciado por el homicidio de un hombre que disfruta de plena salud y vive en Estados Unidos, mientras que el padre del ‘asesinado’ cobró su seguro de vida de un millón de dólares.
A Manuel lo detuvieron la noche del 26 e mayo del 2000 en el municipio de Acolman, en el Estado de México. Entonces tenía 22 años y había regresado de su trabajo como maestro de música en un colegio.
Era jueves y había organizado con su entonces esposa Esther, una pequeña celebración por el primer mes de vida de su único hijo.
Sin embargo, alrededor de las 20 horas el festejo fue interrumpido por un comando de ocho policías judiciales que entraron con violencia al domicilio.
Los policías vestidos de civiles encañonaron a los más de 20 asistentes y golpearon a Manuel, lo esposaron, lo subieron a la parte trasera de un auto sin placas y con los vidrios polarizados.
Luego, los policías taparon la cabeza de Manuel con una capucha y lo torturaronmás mientras lo llevaron a la agencia del Ministerio Público, sin ni si quiera exhibir una orden de detención.
Al llegar ahí, una agente llamada Araceli Godínez Sánchez le dijo que lo habían detenido por ‘cometer un homicidio’y pasaron más de 28 horas en el ‘separo’.
El Ministerio Público entonces giró una orden de aprehensión en su contra, la cual le mostraron y le informaron que estaba acusado por el homicidio de Manuel Martínez Elizalde, a quien él conocía por ser el hijo de un hombre al que su familia ayudaba económicamente.
Así, Ramírez Valdovinos fue ingresado en una penitenciaria del Estado de México, donde un proceso judicial extendido dio lugar. Finalmente, le dictaron una sentencia por homicidio, a pesar de que todas las pruebas presentadas en su contra no correspondían con la realidad.
El cadaver presentado, supuestamente de Manuel Martínez Elizalde, era físicamente diferente a la supuesta víctima: con 3 centímetros menos de estatura y sin señas particulares específicas expuestas por los propios familiares.
El titular del Juzgado Tercero de lo Penal en Toluca, Arturo Velázquez Méndez, lo sentenció a más de 40 años de prisión por homicidio.
Ya preso, gracias a familiares, supo en varias ocasiones que el supuesto ‘muerto’, Manuel Martínez Elizalde, llegaba a Tepexpan, municipio de Acolman, puntualmente a participar en as fiestas patronales, vivía unos días en la casa que su padre compró y luego se iba de vuelta a los Estados Unidos, donde cambió de personalidad y apariencia física.
El caso de irregularidad judicial fue expuesto por la víctima durante los últimos 18 años a jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sin respuesta alguna.
Sin embargo, estas súplicas llegaron también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional que dio entrada al caso, indagó y resolvió proteger a Manuel mediante el Protocolo de Estambul.
El Protocolo de Estambul es el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, adoptado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para evitar irregularidades legales, como es el caso de Manuel.
De acuerdo con el protocolo, Ramírez Valdovinos debería ser liberado una vez que se acate una recomendación respectiva al gobierno de México, la cual se espera que llegue en el mes de febrero.
De asumir la recomendación, el gobierno mexicano también deberá sancionar a los involucrados en el proceso penal irregular, los autores de los actos de tortura a los que fue sometido para que se declarara culpable, lo cual nunca hizo.
Con información de La Jornada y José Contreras Contreras para Diario Puntual